"Un fiscal acusado como el del Caso Cursach perjudica a la Fiscalía"

Hace menos de una semana que Julio Cano tomaba posesión, afrontando el reto de estar al frente del Ministerio Fiscal de Baleares. Teniente Fiscal desde 2020, le toca ahora ser la "cara visible" tras haber trabajado codo a codo con su predecesor, Bartomeu Barceló, tiempo en el que ha llevado a cabo labores organizativas y de control.

Usted es fiscal desde el 2002, y lleva en Baleares desde el 2004. Ha pasado por el servicio especial de Civil y Familia, y también fue delegado de Medio Ambiente, donde estuvo al frente del caso Ca na Putxa, en Ibiza.

Fue una época muy interesante. Llegué de la mano de Adrián Salazar, que fue el primer fiscal delegado y el que abrió camino para todo este tipo de investigaciones. En ese momento, la Fiscalía de Medio Ambiente estaba recién creada en Madrid. Era muy novedoso, porque se habían introducido estos tipos penales con la configuración actual en el Código Penal de 1995. Hubo tres casos muy señalados sobre vertederos. Uno fue el de Can Barceló, otro fue el de Can Set, aquí en Mallorca, en el que en el último minuto hubo una sentencia de conformidad, pero que fue muy importante porque sí que se obligaba a reponer el territorio al estado inicial en el que se presentaba.

¿Y Ca na Putxa?

El resultado finalmente no fue bueno porque no conseguimos hacer prosperar nuestra tesis. Era un vertedero que llevaba muchísimos años abierto, donde se vertían todo tipo de sustancias peligrosas sin ningún tipo de control. Se acabó considerando que, aunque los hechos habían resultado sustancialmente probados, lo que no podía probarse es si esa contaminación había supuesto un grave peligro para el equilibrio de los sistemas naturales, que es algo que exige la normativa penal. Es una pena porque incluso el reino de España había sido condenado por el Tribunal de la Unión Europea por no cumplir sus obligaciones ambientales en este tema.

Un caso más reciente, es el de los vertidos en la bahía de Palma, en el que finalmente la Audiencia ha exculpado a la entonces responsable de Emaya, Neus Truyol.

Nosotros hemos acatado la resolución de los diversos autos que ha dictado la Audiencia Provincial de Palma. Finalmente, hemos descartado la posibilidad de interponer recurso de casación.

En su trayectoria también ha pasado por antidrogas, defendiendo importantes casos contra el narcotráfico, como el caso Kabul. ¿Qué valoración hace de ese caso en concreto y, en general, del narcotráfico en Baleares?

El caso Kabul fue muy positivo en su momento, porque junto con el caso Son Banya, fueron las dos primeras ocasiones en que realmente se pudo intervenir de forma eficaz en el narcotráfico del poblado de Son Banya. Anteriormente, siempre que se había intentado no se había conseguido. Fueron operaciones de mucha complejidad y fueron las primeras en las que se consiguieron realmente condenas graves por el narcotráfico en el poblado. También fue muy costoso, porque en su momento se discutían las intervenciones telefónicas, se hizo una sentencia en Primera Provincial, anulando todas las escuchas telefónicas y los registros, y ahí fuimos de nuevo al Supremo y conseguimos ganar el recurso. Se abrió camino no solo a que la intervención policial fuera eficaz, sino también a que la intervención judicial desde el punto de vista de las intervenciones telefónicas y de los registros se hiciera mucho mejor de lo que se venía haciendo anteriormente.

Ha marcado un antes y un después.

Totalmente. Actualmente, yo creo que los estándares que cumplimos los órganos jurisdiccionales y la Fiscalía de Baleares, en los asuntos en los que se ven ingeridos derechos fundamentales, cumplen con todos los estándares más altos de cualquier país europeo."El caso Kabul y Son Banya, fueron los primeras en los que se consiguieron realmente condenas graves por el narcotráfico en el poblado".

Desde 2020, ha sido teniente fiscal, comentaba usted que no hay mucha diferencia en cuanto al trabajo que ha estado haciendo junto a su predecesor, de Bartomeu Barceló, ¿cómo valora su mandato? ¿Qué cree que va a aportar usted?

Muy positivamente, porque durante la época de Bartolomé Barceló, se ha pasado de ser una fiscalía de alrededor 15 o 20 componentes, a ser una fiscalía moderna: en todas las islas ahora somos 60 en Mallorca, más 9 en Ibiza, y 5 en Menorca. El cambio es fundamental, es una fiscalía actualizada que se implica de forma proactiva en los casos, especialmente de los asuntos especializados, y que está muchísimo más activa en la lucha contra la criminalidad. Antes se estaba en el despacho, recibiendo los procedimientos y luego haciendo el juicio. Ahora el fiscal está muchísimo más implicado en todos los niveles.

"La colaboración con Argelia no reúne los mismos estándares que con los países de la Unión Europea"

El día de su toma de posesión comentó que iba a priorizar poner el foco en la criminalidad organizada. ¿Cómo es el proceso y de dónde proceden las principales mafias y bandas criminales?

Es extraordinariamente complejo. No creo que tengamos en Baleares un problema de criminalidad organizada especialmente relevante. Sí que, como en otros lugares del Mediterráneo, somos el destino de las inversiones de los fondos que proceden de ese tipo de actividades que no se cometen en nuestro país, pero que las ganancias se intentan blanquear aquí. Claro, las investigaciones son complejísimas. ¿Por qué? Porque para probar y condenar el delito de capitales y conseguir la incautación de los fondos, de los inmuebles, de las casas de lujo, de los yates, lo que se requiere también y lo que es eficaz es combatir la ganancia de la actividad organizada; es el mejor ataque que se les puede hacer. Y es muy complicado porque no solo hay que probar esas inversiones, sino que, efectivamente, el dinero proviene de un delito que se ha cometido fuera de España. Afortunadamnete, con la cooperación jurídica a nivel europeo se ha avanzado muchísimo en la posibilidad de trabajar con equipos conjuntos de investigación, tanto en el ámbito judicial como policial. Y, en general, ha habido investigaciones que han dado muy buen resultado. La mayoría de la criminalidad organizada que tenemos detectada que opera aquí, viene fundamentalmente de Italia, Rusia, y países de los Balcanes.

También están las mafias del tráfico de personas, procedentes sobre todo de Argelia.

En este caso, es muchísimo más complicado, porque las mafias realmente cooperan con tráfico de personas y las someten a estos riesgos terribles en el cruce del Mediterráneo, y, evidentemente, operan en Argelia. Con lo cual, aquí simplemente tenemos el fenómeno último, que es el de la llegada. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la colaboración con Argelia no reúne los mismos estándares que con los países de la Unión Europea; no está previsto ninguno de estos instrumentos de recuperación y, por tanto, poco podemos hacer más que atender al foco, atendiendo, en primer lugar, el lado humanitario: intentar rescatar a las personas que puedan sufrir algún percance en el trayecto, y si se identifica en la llegada a alguna persona que pueda estar al cargo de la embarcación o que pueda pertenecer a la organización, sí actuar contra ella.

Tuvimos incluso una patera aérea, que además hubo mucho revuelo cuando se eliminó el delito de sedición, ya que se pusieron en libertad.

Es un cambio de legislación que afectó a un caso que estaba en curso. Es un principio esencial del derecho penal, que si en algún momento dado se considera que la ley es más beneficiosa porque en el fondo, obviamente, se conocía que los hechos no son tan graves como se consideraban antes, la nueva línea se tiene que aplicar a los hechos, aunque no estuviera vigente cuando se cometieron. Eso es lo que ocurrió. Efectivamente, se había acusado de un delito muy específico de sedición. Y, al decaer la regulación que venía en el Código Penal de 1995, ese delito evidentemente quedó imposibilitado.

Ha hablado mucho de cooperación. ¿Cree que hacen falta más recursos para la cooperación internacional? Hemos tenido bastantes casos, por ejemplo, el holandés que murió en Mallorca.

Absolutamente; a nivel europeo consideramos que un reconocimiento eficaz e inmediato de lo que se haga en un país sea válido en el otro. Esto es una regla máxima. Si somos una unión judicial, también policial y política, tenemos que confiar en que lo que hace Bélgica, lo que hace Suecia, lo que hace el Reino Unido. Si ellos nos piden algo, tenemos que colaborar con ellos y al revés, si nosotros necesitamos algo, ellos deberían colaborar con nosotros. Lo que se ha mejorado en los últimos años es exponencial, pero queda muchísimo trabajo por hacer.

"La plantilla de jueces y fiscales es muy ajustada"

Teniendo en cuenta la actual huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, y que también se pronunciaron jueces y fiscales, quienes llegaron a un acuerdo con el Ministerio y finalmente no hubo huelga, ¿cree que se necesitan mejoras y refuerzos?

De la actual huelga se está pendiente de las negociaciones que se están manteniendo con el Ministerio. Evidentemente, ello supone perjuicios a la Administración. La tramitación de los procedimientos sumará una cierta demora que todavía no podemos estimar exactamente. En cuanto a la plantilla de jueces y fiscales en estas islas, yo creo que en el país en general, son muy ajustadas. Estamos muy por debajo de la ratio europea en jueces fiscales por habitante, y eso es un problema muy serio. El Ministerio de Justicia ha atendido nuestras últimas reclamaciones, poniendo de manifiesto la situación tan complicada que atraviesa la fiscalía de las Islas Baleares, y para final de año tendremos tres nuevas plazas de fiscales. Esperemos que en los próximos años se siga por esa línea, porque el incremento todavía tiene que ser mucho más cuantioso para que podamos estar en una ratio similar a la que estén en otras provincias de España.

¿En qué areas se va a priorizar más? Hay un claro aumento de casos de abusos a menores y de violencia contra la mujer.

Una de las tres plazas que vamos a recibir en septiembre será para Fiscalía de menores, que ha incrementado este año de 5 a 6, porque consideramos que es una prioridad absoluta.Y otro de los incrementos va a ir destinado también a la sección de extranjería de la que hemos hablado, porque el incremento de la carga de trabajo en los últimos años ha sido exponencial. Luego iremos reforzando si vamos disponiendo de más efectivos. Evidentemente, las que ha dicho usted son prioridades absolutas de la Fiscalía; la lucha contra la violencia de género, la lucha contra cualquier tipo de abuso y maltrato infantil, la protección del medio ambiente, de la salud y seguridad en el trabajo... son aspectos básicos de la Fiscalía.

Ya sabemos que es un procedimiento abierto y usted mismo dijo, junto al fiiscal general, que era un tema que correspondía a Anticorrupción. ¿Como fiscal, cómo valora que un fiscal, Subirán esté sentado en el banquillo?

Me tengo que remitir a lo que dije en aquel momento. No es una investigación que lleve la Fiscalía de las Islas Baleares. No podemos pronunciarnos sobre lo que realiza otra fiscalía y que tiene su jefatura; hay que estar en lo que diga el tribunal y mostrar el máximo respeto a la resolución que dicte, sea cual sea.

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, admitió en su toma de posesión que la Fiscalía en Baleares ha pasado por momentos difíciles. ¿Cree que la imagen se ha visto perjudicada?

Sí, por supuesto. La imagen se ha visto perjudicada porque los hechos que han ocurrido implican que haya ahora mismo un juez fiscal acusado por su actividad profesional, y evidentemente eso de por sí supone una mala señal, un mensaje a la ciudadanía. Sin perjuicio de cómo puede acabar el proceso, pero ya el mero hecho es una imagen. En ese sentido, la situación que se ha producido es mala para todos, tanto para la policía como para la fiscalía y la judicatura, y no podemos decir nada más, más que esperar a que el Tribunal se sentencie y acatarlo.

¿Los fiscales tienen derecho a equivocarse?

No es que tengamos derecho a equivocarnos, sino que es inevitable que nos equivoquemos en algunas ocasiones. Es evidente que somos seres humanos, los jueces se pueden equivocar, los fiscales nos podemos equivocar, la policía se puede equivocar, los abogados se pueden equivocar...Hay un proceso establecido con muchísimas garantías para que, si se produce el error de un operador, ello no suponga que se llegue a una solución injusta. Es verdad, por ejemplo, que puede haber una acusación equivocada por parte del fiscal, pero para eso está el juez, encargado dictar una sentencia absolutoria. Al igual que la policía puede haber llegado a una conclusión errónea o no suficientemente justificada en la investigación, y para eso está la Fiscalía.

De ahí la importancia de la distribución del poder.

Exacto. Para eso es esencial los contrapesos entre distintas carreras o profesiones y al control de unos a otros y que, efectivamente, el marco de responsabilidad esté separado y dividido.

"La situación que se ha producido tras el caso Cursach es mala para todos, tanto para la policía como para la fiscalía y la judicatura"

Su predecesor ha estado más de 20 años en el cargo, al frente de muchísimos casos de corrupción. En Baleares, en general, llevamos un largo historial.

Es cierto que numéricamente han disminuido mucho en los últimos años, porque hubo un momento en el que hubo un auténtico estallido que motivó que la Fiscalía tuviera incluso que llegar a dedicarse a cuatro fiscales en exclusiva , por la magnitud de los procedimientos y la complejidad. El caso Nóos, Palma Arena, el Caso Andratx... La situación actual no es la misma, los procedimientos se han reducido, casi todos ya están enjuiciados con sentencia firme. En cualquier sociedad democrática, la lucha contra la corrupción tiene que ser una prioridad máxima.

En cuanto a okupación, Baleares fue pionera en una ley en la que no hacía falta una orden judicial en los casos que fuesen claros.

Creo que la línea que se debe seguir es esa, es la que puso de manifiesto en la instrucción del fiscal jefe Bartolomeu Barceló a las fuerzas y grupos de seguridad. Hay que distinguir supuestos: lo que vulgarmente se llama okupación, con lo que en el código penal se llama usurpación. Parece que a veces se tratan de meter en lo mismo, pero que no es allanamiento de morada. Es decir, si una vivienda que está siendo utilizada- ya sea primera o segunda residencia de una persona- es violentada y entran personas a vivir, el desalojo tiene que ser inmediato, porque el delito de allanamiento de moradas se está perpetrando en ese momento, y evidentemente hay que poner remedio a la situación.

¿Y si no es así?

Distinto es la okupación de aquellos inmuebles que no constituyen la morada, porque las razones de urgencia en este caso no son las mismas y, por tanto, es más aconsejable someterse directamente al procedimiento judicial y ver en qué deriva. Pero en los casos en que haya indicios suficientes para estimar que se está produciendo un delito de allanamiento de morada y que una persona se ha visto privada de la vivienda en la que reside, hay que actuar inmediatamente, incluso con la policía.