La historia de la aprobación de restricciones anti Covid en Baleares arranca, como en el resto de comunidades autónomas, con la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno central, el 14 de marzo de 2020.
Fue, posiblemente, el momento más duro de la crisis sanitaria que, desde hace más de un año, ha venido amenazando la salud de toda la población y ha puesto en jaque la viabilidad de negocios, empresas y puestos de trabajo, especialmente en un territorio turístico como Baleares, cuyo comportamiento del Producto Interior Bruto se halla indesligablemente vinculado al sector servicios y, por tanto, directamente condicionado a las directrices sobre movilidad que han venido imperando en cada momento, en el transcurso de la pandemia.
Fueron, prácticamente, dos meses de interrupción casi absoluta de las actividades cotidianas a raíz de la obligatoriedad de que los ciudadanos permanecieran confinados en sus domicilios, aislados de sus familiares y amigos, alejados de sus centros de trabajo, y con autorización, exclusivamente, para efectuar compras en los denominados comercios esenciales, como supermercados y farmacias.
Hasta el mes de mayo no empezaron a vislumbrarse los primeros rayos de sol en el horizonte. El día 11 de ese mes, a raíz de la mejora de los datos de transmisión propiciada por el confinamiento, empezó un tímido proceso de desescalada que, en el caso de Mallorca, se saldó con el reinicio de la actividad en los bares y cafeterías provistos de terraza en la vía pública, siempre con la obligación de no superar el 50 por ciento del aforo y con una ocupación máxima permitida de 10 personas por mesa.
Igualmente, con la finalidad de preservar la seguridad de los clientes, las directrices fijaron rigurosas medidas en cuanto a la separación de las mesas, la provisión de gel hidroalcohólico en diferentes espacios de los establecimientos, la ausencia de elementos de uso común como servilleteros o aceiteras, y la habilitación de dispositivos electrónicos destinados a prescindir de las cartas de consumición.
No obstante, la desescalada no significó, ni mucho menos, la conclusión de la pesadilla de la Covid 19. Muy al contrario, a partir de finales de junio, y de manera más acuciante en julio y agosto, las cifras entraron en una fase de progresivo empeoramiento, tanto en el diagnóstico de nuevos casos positivos como de las estadísticas de mortalidad, que, al igual que había ocurrido durante la primera ola, se cernían peligrosamente en determinados entornos, como las residencias geriátricas.
El repunte impidió, además, sacar partido de los corredores seguros que el Govern balear había logrado establecer con el principal emisor turístico de las islas, Alemania, en una experiencia piloto de indiscutible repercusión internacional que, posteriormente, sería secundada por otros destinos vacacionales españoles.
Así las cosas, y a medida que se acercaban las fechas navideñas, la segunda ola de la Covid constituía ya una realidad innegable en España, y también en Baleares. El Gobierno central movió ficha, y el 27 de octubre aprobó la continuidad del estado de alarma hasta el 9 de mayo de 2021, con seis meses por delante para tratar de normalizar un contexto sanitario de cada vez más apremiante.
Estas nuevas medidas trajeron consigo la instauración de los toques de queda. El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez concedió cierto margen de acción a las comunidades autónomas a la hora de fijar el horario de implantación de esta restricción, y el Govern balear optó por prohibir la presencia de los ciudadanos en la vía pública, salvo por motivos justificados, entre las 24 horas y las 6 de la mañana. En este sentido, la Administración autonómica acabó cediendo a las peticiones del sector de la restauración, que solicitaron una ampliación de este margen horario, que en un primer momento debía arrancar a las 11 de la noche.
La limitación entró en vigor coincidiendo con el último tramo del mes de octubre, en un contexto marcado en el archipiélago por otras limitaciones de calado, como restringir las reuniones sociales y familiares a un máximo de seis personas en Mallorca e Ibiza, y diez en Menorca y Formentera.
Pese a todas estas prevenciones, la evolución epidemiológica en Baleares, ya en la recta final del aciago 2020, no invitaba precisamente al optimismo. De ser, antes del verano y también durante la época estival y los primeros meses del otoño, uno de los territorios con menor incidencia de Covid, las islas habían pasado, progresivamente, a encabezar las estadísticas de contagios a nivel nacional. A raíz de ello, el Govern decidió adelantar a las diez de la noche el horario del toque de queda, manteniendo su levantamiento a las seis de la madrugada.
Para los bares y restaurantes, esta ampliación agravó todavía más el insostenible perjuicio económico, ante la obligación de interrumpir el servicio a los clientes coincidiendo con uno de los momentos más rentables de la jornada laboral, el del turno de cenas.
Entretanto, Mallorca se hallaba instalada en ese momento en la fase 3 del semáforo Covid, un instrumento ideado por la Conselleria de Salut i Consum para medir y valorar los diferentes niveles de intensidad y riesgo de propagación de la pandemia, con una escala de 0 (‘nueva normalidad’) a 4 (‘alerta máxima’).
El nivel 3 engloba, entre otras limitaciones, que las reuniones sociales y familiares no pueden acoger a un número de asistentes superior a las seis personas, tanto si se desarrollan en un espacio interior como si lo hacen en un recinto exterior; que no pueden coincidir más de seis comensales o clientes en la misma mesa de un bar, cafetería o restaurante, independientemente de que esté ubicada en el interior o en la terraza, y que estos establecimientos no pueden servir consumiciones en la barra.
En cuanto a los espacios de culto, en esta fase de alerta, las ceremonias y actos que se desarrollan en un espacio exterior solo están en disponibilidad de acoger a un máximo de 40 asistentes, que deberán reducirse a 20 si el escenario es interior.
Además, como consecuencia de esta medida, Baleares mantuvo parcialmente la prohibición de fumar en zonas públicas, como las terrazas, si bien abrió la mano para que se pudiera consumir tabaco en la calle siempre que se permaneciera parado y se conservara la distancia de seguridad respecto a otros transeúntes.
Por su parte, los comercios y tiendas tuvieron que limitar su aforo al 50 por ciento como máximo, y las actividades deportivas se vieron afectadas por ciertas restricciones, flexibilizándolas en el caso de las excursiones y las actividades al aire libre siempre que no se superase la cifra de 15 participantes.
Al mismo tiempo, el sector de los espectáculos no podía superar el 45 por ciento de la capacidad de los locales, si se trataba de una sala de cine, o del 50 por ciento en el caso de auditorios y teatros, aunque se permitió en ese momento la venta de palomitas, bebidas y otros productos.
Apenas unas semanas después, a mediados de septiembre, Mallorca entró en la fase 4, la más severa de todas las previstas en el semáforo Covid del Govern y que implicó una nueva vuelta de tuerca en el ámbito de la limitación de la movilidad y de los hábitos sociales, así como en el horario y los aforos de los establecimientos comerciales y, especialmente, los de restauración, que, además de limitar el servicio de consumiciones a las terrazas y los espacios exteriores, debieron suspender su actividad a partir de las 18 horas, los viernes, sábados y vísperas de jornadas festivas.
Eso ocurría el 15 de diciembre de 2020, y el Govern se dio de margen hasta el 28 del mismo mes para suavizar, mantener o incluso endurecer todavía más estas disposiciones, siempre en función del decrecimiento o estabilización de las cifras epidemiológicas, que en ese momento se hallaban en clara fase emergente y, además, con la peligrosa proximidad de las fechas navideñas.
Una primera cuestión destacable en ese nuevo marco normativo fue que las reuniones sociales y familiares ya no pudieron acoger a un número superior a los seis asistentes, tanto si se desarrollaban en un recinto interior como si tenían lugar en un espacio exterior. Ahora bien, era posible pertenecer a un máximo de dos núcleos de convivientes con la intención de que las personas solas pudieran reunirse con sus seres queridos en las emblemáticas comidas y cenas de Nochebuena y Año Nuevo.
Igualmente, el horario del toque de queda se mantuvo inalterable respecto al que había entrado en vigor tras la última adopción de medidas excepcionales, cuatro días antes de la aprobación de la fase 4 en Mallorca: es decir, de las 22 horas a las 6 de la madrugada.
En cambio, con estas disposiciones, el Govern trató de estrechar más el cerco a las reuniones familiares o sociales que tuvieran lugar en los días más señalados de la primera semana de Navidad (24 y 25 de diciembre, porque el 26 ya quedó entonces descartado), descartando la adopción de un horario más amplio del toque de queda en esas jornadas.
Mención aparte merecen las prohibiciones que se aplicaron en el ámbito de la restauración y la hostelería. En esta fase 4, los interiores de los establecimientos debían permanecer cerrados y, en consecuencia, los clientes solo podían consumir en el exterior, si bien el Govern concedió un periodo extra, hasta el 17 de diciembre, para que las empresas del sector pudieran ir finiquitando sus stocks de productos.
Por otra parte, el límite de aforo en terrazas y espacios exteriores se situó por debajo del 75 por ciento y a seis clientes como máximo por mesa. En cuanto al horario de cierre de los negocios de restauración, se fijó el ‘tope’ de las 22 horas, pero con excepciones, ya que los viernes, los sábados y las vísperas de jornadas festivas se restringió el servicio en terrazas a partir de las 18 horas con la pretensión de “evitar el tardeo”, según justificó el propio Govern.
Sin embargo, a pesar de estas restricciones, los restaurantes tuvieron la posibilidad de facilitar comida a domicilio a sus clientes en un margen de tiempo mucho más extenso, concretamente hasta la medianoche. Con esta medida, el Ejecutivo buscó paliar los duros efectos que estas medidas suponían para el negocio de la restauración y permitir, además, que los ‘rider’, término con el que se conoce a los repartidores de comida en casas y pisos particulares, no vieran sumamente limitada su actividad.
No obstante, apenas recién transcurridas las fiestas de Navidad, los datos sobre incidencia en Baleares eran casi apocalípticas, y el Ejecutivo autonómico adoptó la que ha sido, sin lugar a dudas, una de las limitaciones más contundentes de todas las que se han ido desarrollando en el transcurso de la crisis epidemiológica: el cierre total de bares, cafeterías y restaurantes, además de grandes superficies y gimnasios.
La restricción entró en vigor exclusivamente en Mallorca, y durante un periodo inicial de dos semanas, a partir del 11 de enero, pero, para desesperación del sector de restauración y del tejido empresarial en general, la paralización obligatoria de la actividad comercial se prolongó hasta principios marzo, es decir, durante, prácticamente, dos meses interminables en los que ciudades como Palma se convirtieron en espacios sin pálpito económico y sin vida social.
Precisamente, a partir de marzo, la explosión de contagios que caracterizó el periodo inmediatamente posterior a la Navidad pareció conceder un atisbo de tregua, a pesar de que los datos sobre mortalidad y presión asistencial continuaban en unos niveles extraordinariamente preocupantes.
No obstante, el Govern prefirió optar por la prudencia y mantuvo durante algún tiempo más buena parte de las restricciones. A pesar de que el plan de vacunación contra la Covid ya se había iniciado el 27 de diciembre, la exasperadamente lenta distribución de las dosis situaba la recuperación sanitaria en un horizonte todavía muy lejano, circunstancia a la que había que añadir la aparición de la nueva variante británica y de otras cepas derivadas del coronavirus, cuyo alcance y repercusión resultaban absolutamente desconocidos.
Posteriormente, el Ejecutivo balear aprobó otra medida de gran calado: el cierre perimetral de la comunidad autónoma, hasta el 11 de abril, tras detectar un manifiesto estancamiento en la mejora de las cifras de la Covid, e incluso un ligero cambio de tendencia que apuntaba al incremento de casos, al menos en Mallorca. Armengol y su gabinete se propusieron no reeditar la experiencia de Navidad, y, ante la cercanía de las fechas de Semana Santa, el Govern decretó esta limitación general de la movilidad en el conjunto del archipiélago, con un nuevo cierre de los espacios interiores en bares y restaurantes que, de hecho, se ha mantenido vigente hasta hace muy poco.
El cierre perimetral supuso restringir las entradas y salidas desde Baleares hacia otras comunidades autónomas, y, a su vez, limitar la llegada de pasajeros procedentes del resto del país, salvo en casos debidamente justificados. Por su parte, las reuniones y encuentros familiares quedaron limitados a un máximo de cuatro personas, con autorización de un único núcleo de convivencia.
El siguiente paso determinante en la evolución de las diversas medidas limitativas de la movilidad y las actividades económicas fue el anuncio del Gobierno central concerniente a la no renovación del estado de alarma, que expiraba el 9 de mayo y que, pese a las presiones de determinadas comunidades autónomas, entre ellas Baleares, no tuvo continuidad, tal como ya se había encargado de anticipar el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
La postura de la Administración central se mantuvo inalterable, en el sentido de que los territorios autonómicos disponían de instrumentos suficientes para imponer las restricciones que consideraran pertinentes en su ámbito de competencia, sin la necesidad de tener que contar con el ‘paraguas legal’ del estado de alarma.
La imposición de un horario límite para la presencia de los ciudadanos en la vía pública no se derogó en las islas, si bien, a partir del 24 de abril, el Govern retrasó el margen hasta las 23 horas y, más adelante, lo situó en la medianoche.
Ese fue el epicentro de un plan de desescalada que se ha ido aplicando en Baleares a partir del estado de alarma, y que se ha materializado en una progresiva suavización de las restricciones, eliminándose los límites de núcleos de convivencia en las reuniones familiares o sociales en el exterior, así como en las terrazas de los bares y restaurantes.
Al mismo tiempo, desde ese momento, las terrazas pudieron abrir de 20 a 22:30 horas, de lunes a jueves, quedando la actividad limitada hasta las 17 horas los viernes, sábados y domingos, con grupos en mesas de hasta seis personas. En cualquier caso, la imposición de un máximo de dos núcleos de convivencia se mantuvo en las reuniones y encuentros celebrados en el interior de las viviendas particulares.
Este nuevo contexto se ha extendido hasta el final del toque de queda, que el Govern había fijado en un primer momento para este domingo 6 de junio y que la sentencia del Tribunal Supremo impuso avanzar al pasado jueves. Tras la resolución judicial, el Ejecutivo de Armengol reaccionó, ese mismo día, con el anuncio de nuevas medidas que sustituían y flexibilizaban las restricciones que se habían dado a conocer apenas dos jornadas antes.
El aspecto más importante de esta 'desescalada dentro de la descalada' es que el sector de la restauración puede prestar servicio a hasta diez clientes en las terrazas y seis en los espacios interiores. Sobre las reuniones sociales y familiares desarrolladas en ámbitos privados ya no existe ningún tipo de cortapisa, dado que el Alto Tribunal estima que, en la situación epidemiológica actual, la regulación de estos marcos exceden del ámbito competencial de la Administración. Y, por supuesto, el toque de queda ya es historia.
Esta es la semi normalidad en la que Baleares ha aterrizado casi un año y tres meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con semblante cariacontecido, anunciara, en una histórica comparencia televisiva, la instauración del estado de alarma en España.
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