La entidad del Govern balear que actúa como la 'repartidora' de fondos públicos para coadyuvar en el fomento de sus políticas culturales e ideológicas, el Instituto de Estudios Baleáricos (IEB), no llevó a cabo ninguna acción fiscalizadora de las facturas que le eran remitidas para justificar las subvenciones otorgadas a los artistas, escritores o investigadores baleares. Al parecer, y según ha quedado constatado en sede judicial, el IEB no llevó a cabo este control fiscal y de cotejo de las facturas que un exprofesor del Conservatorio entregó para dar fe de que el dinero recibido se había destinado al fin propuesto: entre 200.000 y 300.000 euros.
El coste de muchas de las acciones subvencionadas (espectáculo, manutención, transporte, alojamiento...) fue documentado con facturas falsas porque este trámite no se consideró ni importante ni pertinente al ser patente que se habían realizado. Y esta laxitud fue motivada por la dejación de funciones fiscalizadoras por parte de los responsables de hacerlo, que no eran otros que los responsables del IEB.
De hecho, fuentes jurídicas han asegurado a este digital que se estaría frente a un presunto delito de prevaricación por omisión cometido por los funcionarios públicos que tenían el deber de cotejar las facturas con el concepto de la subvención y de su ejecución; algo, que, al parecer, no se realizaba.
El referido exprofesor de saxofón reconoció ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 12 que efectivamente había falseado facturas para justificar el dinero que recibió del IEB, pero que nadie de esta entidad le reprendió por ello ni le conminó a regularizar la situación. Él insistió que el dinero que obtuvo (84 subvenciones en ocho años) lo destinó en su totalidad a la acción cultural propuesta y que por falta de tiempo o por olvido no pidió las facturas oficiales, y que para subsanar este requisito exigido por el ente subvencionador fue elaborando éstas "sobre la marcha".
LA INVESTIGACIÓN ABARCA OCHO AÑOS
Los hechos objeto de investigación comprenden un periodo que va del segundo semestre de 2010 y durante ocho años. La alerta se disparó a raíz de una factura de Viajes Barceló. A partir de ese instante se incoaron diligencias de investigación que llevaron a la Fiscalía a presentar una querella. En la causa se personaron el propio IEB (Govern balear), el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma en calidad de perjudicados, aunque está figura es difícilmente justificable por la sencilla razón de que las actividades que subvencionaron fueron llevadas a cabo, con independencia de la validez o no del documento que lo demostraba.
Claro que, todo esto no es nuevo. En octubre de 2021 la Sindicatura de Cuentas de Baleares alertó de las graves irregularidades que se cometieron entre 2017 y 2018 en el IEB: habría cometido "anomalías" en la concesión de subvenciones, en la formalización de los contratos, en la autorización de los pagos y en la justificación con facturas, según expusieron los própios síndicos. Estos años están comprendidos en el período de presidencia de Pilar Costa del IEB.
Tras la publicación en este digital que el IEB no difundía los trabajos de investigación que subvencionaba con 10.000 euros cada uno, el portavoz popular Antoni Costa solicitó al presidente del Parlament que pidiera al Govern la remisión de toda la documentación que obre en el IEB sobre los proyectos de investigación y estudio desde el año 2019 hasta el 7 de febrero de 2022, indicando la fecha en la que se concedieron y el número de registro de entrada en el Instituto de cada uno de trabajos patrocinados.
El dinero se debía transferir a las cuentas bancarias de los beneficiarios una vez el trabajo era entregado, no antes. Esto, en teoría, porque si no se puede acceder a auditar los que han sido entregados; si se ajustan o no a la memoria que obtuvo la subvención; si la calidad del trabajo es suceptible de recibir la ayuda... ¿cómo se va a saber si se cumplió o si al final el montón de folios presentados o el PDF enviado se ajusta a la propuesta presentada?
El grupo parlamentario Vox también se sumó a las iniciativas legislativas y pidió la comparecencia del consejero Company "para que explique la cascada de dinero público que el IEB regala a sus afines". La diputada Idoia Ribas ha criticado los, a su parecer, "amaños de la izquierda en el IEB, entidad que concede anualmente subvenciones por un valor de 200.000 euros para impulsar investigaciones de las que nada se sabe y de las que no hay constancia".
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