2,1 millones de euros en multas por incumplimientos de las medidas antiCovid. Esa es la cifra que el Govern tramita en concepto de sanciones desde el pasado mes de junio cuando se aprobó el decreto que regulaba las infraciones en Baleares. La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha advertido que las multas llegarán y se cobrarán "ya se de manera voluntaria o por la vía ejecutiva a través de la Agencia Tributaria".
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Primer fin de semana de terrazas. Después de mes y medio con la restauración clausurada y las reuniones limitadas a los núcleos de convivencia, Mallorca se prepara -si la meteorología lo permite- para dos días de encuentros de amigos y familiares.
El Govern sólo permite reuniones de hasta seis personas -cuatro si es una terraza- y sólo de dos grupos de convivencia. Sin embargo, cunde la preocupación entre los responsables políticos y sanitarios por que esta medida de "alivio" se traduzca en relajación social e incumplimientos masivos de las normas, desde el uso de mascarilla hasta las aglomeraciones por ocio.
Ante ello, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha informado de la cuantía de las multas impuestas hasta el momento advirtiendo que "se están aplicando efectivamente y que se cobrarán, si no es voluntariamente, por vía ejecutiva a través de la Agencia Tributaria".
Así, ha detallado que los distintos cuerpos policiales y los inspectores de la comunidad han realizado hasta la fecha 11.661 denuncias, 949 contra establecimientos y el resto contra particulares. A estos últimos, se debe principalmente a la ausencia de mascarilla.
2,1 MILLONES EN MULTAS TANTO A EMPRESAS COMO A CIUDADANOS
Además, se están tramitando propuestas de sanción por un importe que supera los 2,1 millones de euros. En este caso, la mayor parte corresponde a empresas (1,7 millones) y el resto a particulares (438.000 euros).
Por Islas, 8.197 de las 11.661 denuncias corresponden a Mallorca, 952 a Menorca, 2.303 a Ibiza y 209 a Formentera. El alcalde de Palma, José Hila, ha especificado que la Policía Local de la capital ha presentado 11.441 denuncias por incumplimientos Covid, a las que se deben sumar las que realizan Policía Nacional o inspectores.
SÓLO EN PALMA SE HAN LEVANTADO 1.419 ACTAS DE SANCIÓN POR REUNIONES DE CONVIVIENTES
Y entre los incumplimientos, uno de los más repetidos -y que mayor riesgo entraña- son las de las reuniones de no convivientes: personas que no comparten techo pero quedan tanto en exteriores como en interiores, incrementando la posibilidad de expandir el virus más allá de los núcleos estables.
En Mallorca este tipo de encuentros han estado prohibidos desde el 13 de enero hasta este pasado martes pero hay quien ha decidido saltarse la norma y quedar con amigos o familiares con los que no comparte vivienda. Por poner un ejemplo, sólo en Palma se han levantado 1.419 actas por este motivo, unas 30 al día.
Fuentes policiales indican que la inmensa mayoría corresponden a fiestas y reuniones privadas celebradas en viviendas y a las que se llega por aviso de algún vecino. "Alguien avisa a la Policía que están haciendo botellón o una quedada en un piso de su edificio, acudimos y cuando pedimos identificación comprobamos que cada uno vive en un lugar distinto", indican.
Y no sólo en Palma. En Palmanova, Santanyí, Algaida, Andratx, Llucmajor y Manacor la Guardia Civil y la Policía Nacional también han tenido que actuar por fiestas ilegales a lo largo del último fin de semana. Según datos de Delegación de Gobierno, son 375 las actas levantadas que se traducirán en multas por diversos conceptos.
"NO PODEMOS ESTAR DETRÁS DE CADA CIUDADANO"
Tanto Garrido, como la delegada del Gobierno, Aina Calvo, y el alcalde de Palma, José Hila, han insistido una vez más en la llamada a la prudencia para poder mantener la flexibilización de restricciones y no tener que dar marcha atrás.
Hila ha razonado que aunque se refuerce la vigilancia, es necesario que cada vecino actúe de forma responsable. "No podemos estar detrás de cada ciudadano", ha comentado.
Calvo ha pedido "generosidad" con "todas las personas en un expediente de regulación temporal de empleo" que necesitan que se reactive la economía para poder trabajar. Además, se ha mostrado optimista recordando que ahora tienen una "barandilla" a la que agarrarse con la que antes no contaban, "la seguridad del proceso de vacunación".
Por su parte, el presidente de la Felib, Antoni Salas, ha remarcado la importancia de la coordinación entre fuerzas de seguridad y de agilizar las tramitaciones de las denuncias, "para que no se pueda pensar que hay impunidad".
