Durante su intervención, Salom ha recordado que estas cuantías para compensar a los territorios extrapeninsulares se establecieron hace más de 15 años, y ha pedido al Ejecutivo nacional que las adapte a la realidad actual mediante una dotación presupuestaria que, como mínimo, debería ser, según el PP, de 18 millones de euros para el ejercicio 2022, adicionales a los ya contemplados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Además, la senadora popular ha exigido realizar las modificaciones legales pertinentes que habiliten a la Comunidad Autónoma a incrementar las retribuciones del personal al servicio de su sector público en hasta un 50 por ciento de la subida que se establezca para el personal al servicio del sector público estatal. Salom ha afirmado que los servicios públicos son de peor calidad en Baleares "porque los funcionarios no quieren este destino" a causa del elevado coste de la vida.
A continuación, ha recordado que en las islas hay más de 10.000 funcionarios del Estado entre efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, funcionarios de Hacienda, Aduanas, Justicia, Instituciones Penitenciarias, Extranjería, Costas, Defensa, Meteorología, Seguridad Social y Tesorería. En este sentido, Salom ha señalado que, debido a lo "carísimo" que resulta vivir en Baleares, "no se cubren las vacantes y las plantillas están a un 60 por ciento", lo que repercute en la calidad de los servicios públicos. "En plena temporada turística necesitamos las plantillas al 100 por cien", ha subrayado.
PSOE, PNV Y PAR RECHAZAN LA MOCIÓN DEL PP
La moción del PP, que también reclamaba elaborar un estudio económico sobre los costes reales que les supone a los empleados del sector público trabajar en Baleares y, con estos datos, poder actualizar la indemnización, ha sido rechazada con 13 votos a favor y 14 en contra de PSOE, PNV y PAR, que forma parte del Grupo Mixto.
Por su parte, el senador por Menorca Cristóbal Marqués, que ha intervenido en el turno de portavoces, ha puesto de relieve los datos facilitados por los propios sindicatos, que resaltan que "mientras en el año 2012 había más de 5.200 empleados de la Administración General del Estado en Baleares, hoy no llegan a los cuatro mil". A su juicio, esta cifra "muestra perfectamente cómo el Estado va perdiendo peso en Baleares y, lo más grave para los ciudadanos, es que esto se traduce en una disminución de la calidad del servicio".
"HAY POLICÍAS Y MÉDICOS VIVIENDO EN GARAJES Y FURGONETAS"
Marqués ha señalado que esta realidad se aprecia especialmente en materia de seguridad, con una falta de efectivos en la Policía Nacional y Guardia Civil; en Justicia, con unos "retrasos históricos" en los juzgados; y en trámites básicos para los ciudadanos, como el Servicio Público de Empleo. Igualmente, ha puesto de manifiesto los graves problemas para encontrar vivienda en las islas, con precios que se disparan año tras año.
"La situación es muy preocupante en todo el archipiélago, pero en Ibiza, Formentera y Menorca ya es insostenible, con problemas inverosímiles, como policías y médicos alquilando garajes por 600 euros o teniendo que vivir en furgonetas", ha alertado el senador menorquín.
Por último, Cristóbal Marqués ha remarcado que la indemnización por residencia lleva 15 años sin actualizarse, mientras que, por el contrario, el precio de la vivienda se ha disparado y el nivel de vida se encuentra en "límites históricos".
Según ha argumentado, subir la indemnización de 74 a 246 euros, "sólo le cuesta al Estado 18 millones de euros, una cantidad irrisoria para el presupuesto que maneja el Ministerio de Hacienda".
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