En un gesto poco común hoy en día en la política nacional, el diputado por Mallorca de Podemos y cabeza de lista electoral, Juan Pedro Yllanes, se ha desmarcado de su formación política en un asunto delicado y espinoso. El martes algunos representantes del grupo parlamentario de Podemos se reunieron en el Congreso de los Diputados con familiares de los presuntos autores de una agresión a dos guardias civiles en un bar de la localidad navarra de Alsasua y firmaron un manifiesto de apoyo a los nueve imputados en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Yllanes manifestó este miércoles por la mañana que no suscribía una parte importante del manifiesto, pese a que su nombre fue incluido entre los firmantes, pues consideraba que suponía una “interferencia en la separación de poderes”. Al fin y al cabo, Yllanes es magistrado en excedencia y eso no es algo que se pueda orillar completamente en su labor política.
Parecida postura manifestó otro diputado de Podemos y Guardia Civil en situación de servicios especiales, Juan Antonio Delgado Ramos, que además fue durante muchos años portavoz de la asociación profesional de guardias civiles mayoritaria, la AUGC. Delgado utilizó las redes sociales para mostrar su discrepancia con la postura de su formación y para manifestar su apoyo a los guardias civiles de Alsasua, las auténticas víctimas de este lamentable episodio por más que ahora algunos hayan pretendido que las víctimas son los agresores. No ha de olvidarse que tres de los que agredieron a los agentes en un bar están en prisión preventiva por orden del juzgado central de instrucción número 3 y acusados de terrorismo por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
La postura de Yllanes -y también la de Delgado- les honra, por cuanto demuestran valor para manifestar su discrepancia política de forma pública y que tienen criterio propio al que no están dispuestos a renunciar ante casos objetivamente graves y en los que Podemos incurre en un error flagrante.
Prestarse a ejercer de abogados de gente que no dudó en recurrir a la violencia contra dos funcionarios públicos, por el mero hecho de serlo, es inadmisible. Quienes optaron por la violencia física no tienen defensa en el ámbito político y deben centrarse en su defensa legal ante los tribunales, donde gozan de todos los derechos inherentes a todo procedimiento penal que en nuestro país e incluso en causa terrorista, son muy sólidos como demuestran las innumerables absoluciones sentenciadas por la Audiencia Nacional en sus muchos años de existencia. Es en el ámbito jurídico y no en el político donde deben defender su derecho a ser juzgados por un tribunal ordinario y no por la Audiencia Nacional.
Yllanes no puede tragarse según que sapos calladamente, algo de lo que solo cabe felicitarse, pues si en muchos temas ha demostrado una radicalización patente y una falta de la moderación que cabría esperar en un magistrado juez, con afirmaciones muy rotundas y generalizaciones injustas, en este caso el expresidente de una sección penal de la Audiencia de Palma deja claro que no quiere posicionarse junto a los agresores, que habrán de responder ante la Justicia de sus actos.
