Yllanes frustra las aspiraciones de los que quieren 'proteger' el solar que albergó la Casa del Pueblo

Un solar en el número 25 de la calle Reina María Cristina de Palma, que, en su día, allá por los años treinta, acogió las paredes y el tejado de la Casa del Pueblo, verá cómo se erige sobre él un inmueble de 36 viviendas y 45 plazas de aparcamiento. Y nadie podrá impedirlo, so pena de una indemnización económica muy cuantiosa.

El pasado 22 de febrero se resolvió definitivamente la inconsistente petición de un vecino de Palma, Pere Vicenç Miró, (animado y apoyado en medios de comunicación y redes sociales por partidos y entidades de izquierda) que argumentó que ese solar era depositario de valores democráticos. Bueno, algo así como que los fantasmas que lo habitan están impregnados de sentimientos de la índole de: participación ciudadana, cohesión social y de textura cultural y educativa. El conseller Juan Pedro Yllanes le abrió los ojos a la realidad y rechazó la encarecida solicitud de protección, de compra, por parte de la Comunidad Autónoma, y de conversión en santuario de la Memoria Democrática.

Este intento sobreactuado de rescatar de los escombros un casal social del primer cuarto del siglo pasado surgió el 15 de noviembre pasado cuando el tal Vicenç registró en la Dirección General de Memoria Democrática una instancia en la que solicita que el solar de marras (donado por el banquero Juan March Ordinas para erigir en él la casa del pueblo o lo que se terciase con similar objetivo) fuera protegido como un espacio de "Memoria y Reconocimiento Democrático de las Islas Baleares". 22 días después, Vicenç retomó el asunto y pidió al Govern que hiciera malabares con el reglamento notarial de las islas con el objeto de conseguir encajar su propuesta en un marco jurídico legal.

El director general de Memoria Democrática, Marc Andreu Herrera Oliver, le rebota el asunto al Ayuntamiento de Palma y le pide que informe sobre si en ese momento existía una licencia de obras para la construcción en el solar de referencia, así como la identidad del titular de la licencia, en el supuesto de que se hubiera tramitado, "con el objeto de que forme parte de las 'diligencias previas' incoadas por esa dirección general como paso previo a un expediente administrativo. Cort no contesta. Y Memoria Democrática vuelve a insistir. El pasado 5 de enero informa de que hay una licencia de obras concedida para construir un edificio plurifamiliar de 36 viviendas y 45 plazas de aparcamiento otorgada el 12 de octubre anterior en el solar entre Jafuda Cresques y Archiduque Luis Salvador.

El 19 de enero pasado la referida dirección general solicitó un informe jurídico a la Abogacía del Estado para aclarar la situación y sustentar o no la pretensión de Vicenç. Los representantes del colectivo 'Amigos de la casa del pueblo' justificaron la importancia del espacio del que demandan protección, no desde un punto de vista material, ya que sólo queda en el solar del pretérito casal social y sindical dos fragmentos de arcadas "y una pizarra pintada en una pared", donde, supuestamente, escribían los analfabetos que acudían en busca de abecedario, sino desde otro totalmente intangible: son los "tesoros históricos, culturales y simbólicos" los que le confieren importancia. Y abrazando conceptos manidos por la izquierda, dicen que en ese espacio "afloraron sentimientos de participación, cohesión social y de producción cultural y educativa". Además, si con eso no bastara, en los argumentos con los que pretenden convencer, apuntan a que en esa casa se canalizó la participación de los obreros "en favor de una sociedad más justa e igualitaria", en definitiva, más soviética. Y ya en la hipérbole dialéctica, aseguran que en ese lugar se vulneraron, al inicio de la enésima guerra civil española, derechos, y "demócratas sufrieron torturas y violencia".

En 1975, mientras el autócrata Francisco Franco agonizaba, el Ayuntamiento de Palma ordenó la demolición del edificio que albergaba la casa del pueblo porque amenazaba ruina. El solar pasó a ser de titularidad pública, siendo gestionado por el Ministerio de Trabajo, y tanto la UGT (sindicato socialista) como la CNT (sindicato anarquista) renunciaron a sus derechos ante la Administración (difícil de saber el porqué), que se quedó con la tutela del solar.

En 2014, la ministra del ramo, Fátima Ibáñez, lo vende a la Agrupación Balear de Inversiones S.A., y ésta, a su vez, a la Promotora Arxiduc S.L., que se desprende de él al venderlo el 30 de julio del pasado año al fondo de inversiones extranjero Beachhaus Invest S.L.

Recibido el informe jurídico de la Abogacía del Estado, en el que se señala que sí está justificada la condición de espacio de interés para la comunidad, pero, a su vez, que no se puede suspender la licencia, Memoria Democrática (en concreto, la Comisión de Memoria y Reconocimiento Democrático) consideró -así lo hizo saber su presidente Yllanes- que era pertinente "rechazar" la petición de protección demandada por Pere Vicenç. Asunto zanjado.

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