Este martes, en Baleares, regresan a sus puestos miles de trabajadores de sectores como la industria o la construcción. Acaba de momento, la llamada "hibernación" de la economía que, con el fin de frenar la curva de contagios por coronavirus en España, aprobó el Gobierno suspendiendo durante dos semanas todas aquellas actividades consideradas no esenciales.
Vistos los datos, la decisión parece haber incidido directamente en la reducción de nuevos casos, por lo que corresponde ahora ir recuperando parte de la actividad económica del país. Existe un riesgo cierto de que, con esta vuelta a determinados trabajos, repunten los contagios, si bien la situación de los centros sanitarios sería muy diferente a la de hace quince días y los nuevos casos podrían tratarse con menor presión que en el pico de la pandemia. Y en todo caso, la posibilidad de volver a adoptar mayores restricciones en caso de necesidad sería una opción real sobre la que el Gobierno ya ha alertado.
Sin bajar la guardia, el país necesita ir recuperando cierta normalidad. Y lo necesita con la mayor planificación posible. En este sentido se echan en falta, por un lado, un suministro suficiente de elementos de protección -como las mascarillas, cuyo reparto de 250.000 unidades en Baleares no alcanzará a todos los puntos de la red de transporte público- y, por otro, unas directrices más claras sobre cómo actuar en determinadas circunstancias -si la distancia de dos metros de separación no es posible, por ejemplo-.
Los protocolos de actuación pactados establecen pautas que no siempre parecen factibles, como las referidas al trabajo en las obras, cuyos responsables deben dotar de mascarillas a los trabajadores sin haberlas recibido antes por parte de las administraciones. Otras condiciones pactadas como el uso de termómetros o apartar a los trabajadores que presenten síntomas parecen más fáciles de seguir. Pero una crisis sanitaria de esta envergadura no es una mera cuestión de prevención laboral y la administración debería dotar de medios a las empresas para hacer menos arriesgada esta vuelta a la actividad.
Por otro lado, el Gobierno, además, tendría que promover la realización de cuántos más test mejor, a fin de poder determinar el alcance real de la enfermedad. Sólo así -conociendo el número real de infectados y de inmunes-, se podrá establecer un calendario para la desescalada y la vuelta a la normalidad, incluidas todas aquellas actividades del tejido económico que han llevan suspendidas durante todo el estado de alarma, como por ejemplo el comercio, la restauración o los transportes.
Todo lo que no sea avanzar en este tipo de planificación abundaría en la imagen de improvisación gubernamental mostrada en algunos momento de esta crisis, además de poner en riesgo los esfuerzos realizados por parte de todos así como el tremendo sacrificio de los ciudadanos durante un mes de confinamiento domiciliario, con el añadido de que un paso en falso podría volver a disparar los contagios.
