Definitivamente, la vivienda se ha situado en el centro del debate político de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Unos y otros parecen haber elegido este tema como cuestión troncal en su campaña. Armengol se afana en repetir una y otra vez sus exiguos logros tras ocho años en el Consolat, que ni siquiera se creen sus socios de gobierno. Desde Més y Podemos, conscientes de la situación, intentan desmarcarse del PSIB con propuestas extemporáneas, como las viviendas contenedor, la creación de una inmobiliaria pública de alquiler o la posibilidad -inviable por ley - de prohibir la venta de viviendas a aquellos que no sean residentes, porque ya sabemos que, para estas dos formaciones, los extranjeros y el turismo son los causantes de todos los males, también de la especulación inmobiliaria y de la escasez de viviendas en el mercado.
La realidad es que el Govern ha dilapidado dos legislaturas en materia de vivienda, pensando que el problema en nuestra comunidad se resolvería con el anuncio de unos pocos centenares de pisos de protección oficial, de los que, a día de hoy, se han construido muchos menos de los anunciados. En 2018, el Govern de izquierdas se vanagloriaba de aprobar la primera Ley de Vivienda autonómica, un texto cuya medida estrella, o al menos la que ocupó más espacio en las televisiones y los medios nacionales, era la expropiación de viviendas a bancos o fondos buitre. Armengol lograba entonces proyección nacional como una especie de Robin Hood de la política. Se vanagloriaba de confiscar a los poderosos para dárselo a los pobres. Cuatro años después, el Govern solo ha conseguido 16 viviendas a través de tan cacareada acción: cuatro viviendas por año. Todo un logro.
Tampoco otra de las acciones que contemplaba dicha ley, el derecho de tanteo y retracto por parte del Govern sobre las VPO que se venden entre particulares, ha resultado mucho más efectiva. En estos cuatro años, el Govern ha ejercido ese derecho en 104 pisos, que se han incorporado a un parque público de vivienda que, a lo largo de la pasada legislatura, perdió 5.484 viviendas protegidas porque se cumplieron los 30 años que marca la ley para pasar al mercado libre.
En vistas del fracaso de sus políticas en la primera legislatura (2015-2019), en su discurso de investidura tras ser reelegida presidenta, Armengol se comprometía a presentar un plan de choque en seis meses. Pasado ese tiempo y ante el incumplimiento de la presidenta, en enero de 2020, el PP presentaba su propia ley de vivienda en forma de proyecto de ley, con medidas fiscales, como la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y de Donaciones y Sucesiones, la agilización de plazos para la concesión de licencias a los promotores o el aval del Govern de hasta un máximo del 25% del precio de compraventa, medida dirigida a los menores de 30 años, familias numerosas y monoparentales.
Lógicamente, la mayoría parlamentaria que respalda al Govern rechazaba, con el tono de superioridad moral propio de la izquierda, la propuesta del principal partido de la oposición, entonces dirigido todavía por Biel Company. Pero el PP no debía estar tan equivocado cuando, hace apenas una semana, la medida del aval público para acceder a una hipoteca, denostada en 2020 por Armengol, era presentada por todo lo alto en el Consolat por la propia presidenta. Todo muy coherente en el mundo de la política.
La emergencia habitacional en nuestra comunidad debería ser una cuestión de Estado y quedar al margen de las disputas partidistas, si la ideología no hubiera matado la política útil. Los residentes en las islas debemos hacer el doble de esfuerzo económico que un peninsular para adquirir una vivienda y el alquiler alcanza cotas prohibitivas para un salario normal. Las consecuencias las padecen directamente los ciudadanos de Baleares, con incidencia especial entre los más jóvenes y las familias con menos recursos, pero el encarecimiento del acceso a una vivienda también condiciona la llegada de trabajadores a las islas, a los que no les sale a cuenta venir a nuestra comunidad. El sector turístico, el sanitario o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son los más damnificados.
El acceso a una vivienda digna y a un precio asequible es un derecho universal que la acción política debería facilitar. Como reza el artículo 47 de nuestra Constitución, “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Nuestros políticos tienen trabajo por delante, porque poco o nada se ha hecho en los últimos años.
