Mucho se ha hablado estos días de la nueva ordenanza de terrazas de bares y restaurantes de Palma, pero hasta la publicación en mallorcadiario.com este sábado del vídeo en el que se aprecia el trabajo extra que supone la retirada de todos los elementos de las terrazas cada noche, no se había constatado la realidad de la nueva norma. El video muestra cómo, desde el pasado jueves, los empleados de un bar en el centro de Palma -en este caso el Bar Bosch- tienen que dedicar 40 minutos al final de su turno laboral para retirar todos los elementos y dejar la acera expedita; trabajo que se repite antes de abrir cada mañana, en este caso para devolver a la acera las sillas, mesas y sombrillas. Otros 40 minutos de tarea extra y pesada a la que acompaña el inevitable ruido de arrastrar las bases de las sombrillas o las sillas. Es un ejemplo de lo que pasa en todos los bares de la ciudad que tienen terrazas.
El vídeo publicado por mallorcadiario.com ha sido visualizado por 10.000 lectores, a los que se suman todos aquellos que lo han compartido en redes o visionado directamente en youtube. El dato muestra el interés que suscita la polémica abierta por los responsables municipales tras no haber querido consensuar con bares y restaurantes una norma razonable. Al contrario, se ha impuesto una ordenanza que sólo satisface a una parte de las asociaciones vecinales, cuyo presidente, Joan Forteza, posaba ufano el jueves junto al portavoz municipal Alberto Jarabo, para afirmar que "ahora podemos ver las fachadas de nuestras casas y mirar al cielo".
La expresión de Forteza haría sonreír si no se tratase de un asunto que conlleva un gran perjuicio para la ciudad. También Cort ha sacado un vídeo, en este caso un montaje para redes sociales en el que, con dibujos animados, muestra cómo las aceras quedan libres después de aplicar la nueva norma afirmando que "L'espai públic és de tothom!".
Cort no debería contraponer propiedad y uso. El espacio público es de todos, sin duda, y por ello bares y restaurantes pagan religiosamente cada año al erario municipal miles de euros para poder disponer de un espacio en la acera. No se apropian de nada, como también en redes se lanzaron a afirmar aquellos que conforman el coro que aplaude cualquier decisión que adopten los actuales responsables de Cort.
Es difícil imaginar que quienes conforman este coro -y el mismo Forteza que marca el camino al Ayuntamiento- tengan que luchar cada día para obtener unos ingresos como lo hacen los propietarios de bares y restaurantes, que se sienten cada vez más acosados por Cort. De no modificarse la norma, las previsiones anuncian una caída del negocio -que iría en cadena hacia otros sectores, como prevén los distribuidores, y que ya se ha notado en tan solo unos días-, pérdida de puestos de trabajo y cierre de algunos establecimientos. Añadiendo, además, los perjuicios en materia de salud laboral para los trabajadores, como se han apresurado a señalar UGT y CC.OO., quienes, en esta polémica, se sitúan junto a los bares y restaurantes, y frente al Ayuntamiento.
Lejos de concluir el pasado jueves con el estreno de la ordenanza, todo apunta a que la polémica se va a recrudecer si Cort no es capaz de recuperar el diálogo con los restauradores. Es otro frente que se le abre, tras el que ya tiene con los comerciantes también por adoptar decisiones sin consensuar. Quienes dirigen el Ayuntamiento deberían saber que gobiernan para todos y que, en esa misión, deben tener en cuenta todas las opiniones, especialmente las de quienes hacen de Palma una ciudad viva y dinámica. Algo que, ahora, peligra.