España, en materia de endeudamiento público, se está convirtiendo en la nueva Grecia. Recordemos que el país heleno se caracterizó, antes de la crisis del 2008, por desarrollar una política económica cortoplacista fundamentada en el incremento imparable del gasto público, sin ninguna correlación ni con sus incrementos de productividad y riqueza.
El hundimiento de la economía griega fue inevitable y sólo se pudo suavizar con la ayuda de la Unión Europa, que aportó los fondos necesarios para evitar el absoluto caos al estilo de nuestra querida Argentina. A cambio, tuvo que aceptar las reformas necesarias para que el país pudiese volver a la senda del crecimiento y el bienestar. Un camino largo, complicado y no siempre fácil de entender, ya que la ciencia económica suele ser contraintuitiva.
Para gestionar aquella complicada situación los griegos optaron por Syriza, coalición de izquierda radical capitaneada por el joven ingeniero Alexis Tsipras. Este, tras una breve etapa de política mediática rebelde en la que buscó enemigos imaginarios de la mano del fracasado economista Yanis Varufakis, acabó asumiendo todas las instrucciones que le sugerían los “hombres de negro” enviados por la Troika (Banco Central Europeo, Comisión Europea y FMI) encaminadas a la consolidación fiscal.
Pues bien, una de las reformas que el ultraizquierdista Tsipras acabó implementando fue, nada más y nada menos, que ceder el control del puerto del Pireo a inversores chinos. La gran joya de la corona griega, el legendario, histórico y gran puerto de entrada de los productos asiáticos al conjunto de Europa y el Mediterráneo. Así que ahora el gigante estatal Cosco es el nuevo mandatario de la emblemática y trascendental infraestructura marítima. Y, lógicamente, impone su forma de gestión basada en la eficiencia económica más extrema al más puro estilo de país líder comunista del siglo XXI.
Los despidos de trabajadores prescindibles, los recortes salariales para situarlos al nivel de la productividad del puesto del puesto trabajo, la reducción o eliminación del poder sindical, la disciplina laboral más estricta y la supresión de todos los privilegios laborales que caracterizan a un colectivo que antaño gozó de fuerte poder de negociación frente a anterior empleador, fueron los elementos esenciales de la nueva gestión.
España no es Grecia, pero la gestión económica que está desarrollando el ejecutivo social comunista de Pedro Sánchez, y de sus lugartenientes territoriales, como Armengol, muestra una clara deriva hacia el populismo de Syriza. Un populismo empobrecedor que, sin embargo, en mi opinión, es heredero de una arraigada tradición sociológica hispana en la percepción popular del Estado, reforzada además por la ley electoral y de partidos. Por lo que los actuales dirigentes, en unas próximas elecciones, pueden fácilmente renovar sus mandatos. Y si esto fuera así, les corresponderá gestionar el fin de la laxitud monetaria y presupuestaria ahora en vigor, como a Tsipras.
De hecho, a Franco ya le ocurrió lo mismo cuando se vio abocado a realizar las reformas económicas que no deseaba a finales de los cincuenta. Entonces no le quedó más remedio que ceder a la instalación de bases militares estadounidenses en distintos enclaves de la geografía nacional, incluido el Puig Mayor y sus aledaños de Sóller.
Así que, con independencia de la forma definitiva que terminen adoptando las anunciadas nuevas reglas fiscales europeas, no es descartable que aquí también veamos cómo se entregan a inversores foráneos infraestructuras que ahora nos parecen parte fundamental de nuestro patrimonio colectivo, en un intento de retomar la senda hacia el imprescindible equilibrio presupuestario en aras, entre otras cosas, a controlar la incipiente inflación e impulsar el crecimiento. De hecho, los mismos nuevos inversores del Pireo ya han mostrado su interés por algunos puertos españoles adquiriendo participaciones en los mismos.
Por todo ello no puedo evitar pensar que, quizás en unos años, la actual gestión del puerto de Palma, con sus luces, sombras y polémicas, puede pasar a ser historia. Pues en nuestra capital puede ocurrir lo mismo que en Atenas, es decir, que la economía local y nacional, desbordada por la montaña de deuda pública y por los crónicos desajustes presupuestarios que lastran el crecimiento, no sea capaz de retener la titularidad de infraestructuras públicas fundamentales.
De momento, a la espera de la llegada de los fondos europeos, puede parecer que estamos lejos de las experiencias comentadas, sin embargo, continúan siendo un aviso para navegantes.
