Se abrieron un total de 270 en 2017

Urbanismo, Emaya y Seguridad Ciudadana copan los expedientes del Defensor de la Ciudadanía

La Oficina de la Defensora de la Ciudadanía de Palma cerró 2017 con un total de 270 expedientes, lo que supone un incremento del 76,4 por ciento con respecto al año anterior, en el que se registraron 152 expedientes.

Así lo anunciado este jueves la defensora de la ciudadanía, Anna Moilanen, durante la presentación de la Memoria de 2017 en el Ayuntamiento de Palma.

Moilanen ha asegurado que si 2016 fue un año de "resurgimiento", el año 2017 fue "de consolidación y expansión" y ha resaltado el incremento en el número de expedientes y del volumen de trabajo.

Respecto a los casos atendidos, la defensora ha expuesto que la tipología de problemas sigue siendo el mismo y ha instado a que los derechos de la ciudadanía "sean garantizados no solo de forma teórica sino también de forma eficiente y práctica".

Principalmente, se han abierto expedientes por motivos relacionados con licencia de obras, urbanismo, Emaya y Seguridad Ciudadana. "El ciudadano necesita ver que su problema se resuelve, no estar eternamente en trámite", ha añadido.

Además, Moilanen ha resaltado el "grave problema" con el seguimiento y cumplimiento de las diversas ordenanzas municipales en vigor. En este sentido, ha asegurado que "falta capacidad de poder perseguir al infractor para que no se generen situaciones de agravio con el resto de la ciudadanía".

Durante la presentación, ha hecho referencia a problemas de características globales pero con impacto local como la falta de vivienda o acceso a ella, el ruido, la suciedad o el mantenimiento de las infraestructuras.

Todo ello según la Defensora suponen un reto que la administración local debe afrontar junto a la ciudadanía "ya que las soluciones deben de ser más transversales" creando espacios de participación real de los ciudadanos para ello.

Igualmente, en relación con las recomendaciones transmitida al Ayuntamiento, la defensora ha recordado que la administración debe mejorar en los tiempos de respuesta a la ciudadanía, el seguimiento de decretos y resoluciones emitidos al ciudadano y la eficiencia para corregir los errores, entre otros.

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