El Govern de les Illes Balears ha aprobado en Consell de Govern de carácter extraordinario el proyecto de ley del presupuesto de la comunidad autónoma para 2016, que asciende a 4.241 millones de euros, lo que significa un incremento del 5% con respecto al presupuesto de este año. Según ha explicado la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, que ha comparecido ante los periodistas acompañada del conseller de Presidencia, Marc Pons, las cuentas autonómicas han sido elaboradas tomando como base una previsión de crecimiento del PIB del 3%, y como rasgos más destacables contemplan un importante incremento del gasto social (un 6%) que se financiará con una mayor recaudación derivada de un aumento de la presión fiscal a las rentas más altas.
Estas cifras no pueden sorprender a nadie, pues el viraje político estaba más que anunciado por parte de los partidos que se integran en el Ejecutivo autonómico. Es obvio que si se incrementa el gasto, hay que incrementar los ingresos a base de recaudar más impuestos. No hay otra forma de hacerlo.
Como es natural el PP vaticina que estos presupuestos supondrán un incremento del paro ya que frenarán la reactivación económica, en lo que se antoja una visión un tanto catastrofista. Pero lo más llamativo ha sido la reacción de Podem Illes Balears, en boca de su secretario general Alberto Jarabo, quien insiste en su petición al Govern de renegociar con los bancos el pago de la deuda, cuando tal petición es prácticamente imposible ya que cualquier aplazamiento supone aún más carga financiera de la que ya se soporta.
Los presupuestos presentados, a priori, necesitan el voto a favor a de Podem y el Govern se verá obligado a hacer concesiones a la formación de los círculos, que debe ser consciente de la situación y sobre todo ser realista, porque no se puede cambiar de forma radical cuando hay tantos condicionantes y tantos compromisos que cumplir en cuanto a la limitación de la capacidad de endeudamiento.
