El ataque talibán a la embajada española en Kabul (Afganistán) que el pasado viernes se cobró la vida de dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, Isidro Gabino Sanmartín Hernández y Jorge García Tudela, además de otras ocho personas (cuatro de ellas agentes de seguridad afganos) y causó 9 heridos, ha sido considerado por el Gobierno como un “ataque a España”, pese a que en un primer momento se negó que el objetivo fuera la sede de la legación diplomática custodiada por un total de 10 policías.
Dado que nos hallamos en campaña electoral, rápidamente han surgido dudas acerca de la información oficial facilitada por el Gobierno, pues los propios agentes del dispositivo de seguridad trasladaron a otros policías que fueron víctimas de un ataque premeditado y sangriento que tuvieron que repeler durante horas, hasta que llegaron refuerzos de militares estadounidenses. También han aflorado quejas sobre la idoneidad de la seguridad en las embajadas.
El Gobierno reunió a los firmantes del Pacto Antiyihadista para intentar aplacar las críticas y dar sensación de unidad de todas las fuerzas políticas, imagen que algunos no quieren dar al Gobierno del PP. En medio de la polémica el hermano de uno de los agentes asesinados, Jorge García, ha pedido que no se manche la memoria de los fallecidos con críticas oportunistas, pues “nadie obligó a Jorge a abordar esa misión”. En efecto, los agentes estaban allí voluntariamente, conscientes de los riesgos que acarrea estar en un país como Afganistán, lo cual no significa que el Gobierno deba intentar que la seguridad de nuestras embajadas sea la mejor posible, así como las condiciones de vida y de trabajo del personal allí destinado.
