Finalmente el Gobierno de España ha rectificado en su intención de modificar el descuento de viaje para residentes a los grupos y colectivos. La controvertida, anunciada para combatir el fraude, había sido ampliamente contestada desde Balears y Canarias, por lo que suponía de agravio a los habitantes de los archipiélagos que se ven en la necesidad de contratar un billete aéreo. Ante las presiones políticas que se han llevado a cabo, el Gobierno ha decidido dejar sin efecto las variaciones previstas y se creará un grupo de trabajo para estudiar otras medidas de cara a reducir los casos de fraude.
Es difícil de comprender que para luchas contra el fraude, en lugar de atacar el problema concreto se perjudique al conjunto de los beneficiarios del sistema de descuentos. Tomar a todos ellos como potenciales defraudadores no es admisible. Además, Madrid continúa sin entender que optar el transporte aéreo en las islas no es una opción más, sino la única posible porque no hay alternativas. Y si existen casos de fraude, pues entonces hay que adoptar medidas para reducirlos al máximo pero sin vulnerar los derechos de los viajeros que cumplen con la legislación. Aún hoy en día los usuarios del avión y del barco se ven a menudo obligados a exhibir el papel con el certificado de residencia para optar al descuento, como en el siglo pasado. Ya es hora de que la Administración se ponga en el lugar de los baleares y canarios.
