El III Pacte de Govern de izquierdas en Baleares lleva, a día de hoy, el mismo camino que los que le precedieron en las legislaturas 1999-2003 y 2007-2011, en materia económica. La miscelánea de partidos minoritarios que conforma el Govern de Baleares evidencia, con sus políticas, que no trabaja por el interés general de sus ciudadanos, sino por el de aquellos que les votaron, olvidándose del principio de que los gobernantes lo son de todos y no sólo de “los suyos” y ello se demuestra en que desde el principio de la legislatura el Govern ha puesto el piloto automático cumpliendo una hoja de ruta draconiana para el ciudadano medio que implica el pago de más impuestos para sostener un modelo de gestión pública obsoleto, dirigista y paternalista que apuesta por más administración pública y menos sector privado, sin darse cuenta de que este modelo no es, precisamente, la economía productiva que nos hace falta en Baleares.
A día de hoy, y, con el pretendido objetivo de ensanchar la base de disposición del gasto público el Govern de Baleares ha incrementado el gasto corriente (contratación de más personal, que implica, a día de hoy, más de 1.500 millones de euros anuales), han incremento el déficit público (más deuda) y han incrementado la carga fiscal a ciudadanos y empresas (detrayendo renta disponible) a través de haber incrementado todos los impuestos, tanto los propios como los que la CAIB tiene competencias, se han incrementado todas las tasas y se ha creado hasta un nuevo impuesto (el impuesto turístico), situándonos a la cabeza del ranking autonómico en presión fiscal. El resultado de esta política, será, en el medio plazo, una nueva recesión económica.
La incertidumbre en el escenario político a nivel nacional tampoco ayuda y ello es utilizado por los gobiernos autonómicos para seguir actuando de forma irresponsable, saltándose el objetivo de déficit público reglado, incrementando el nivel de su deuda pública que, en el caso de Baleares, es ya hoy insostenible, y que asciende a más de 9.000 millones de euros, alcanzando el 30 % de nuestro PIB, y que, a cada ciudadano de nuestras islas le corresponde una deuda per cápita de 8.100 €.
Desde la propia izquierda política y sociológica apuestan por tres medidas de corte coyuntural con el único objetivo de seguir actuando desde el inmovilismo y basando su acción política en el mero continuismo a través de 1.- saltarse los objetivos de déficit público establecidos bajo el paraguas de retrasar su cumplimiento (seguir incrementando la deuda pública para financiar unos objetivos políticos anquilosados en el statu quo); 2.- por una mejora en la financiación de nuestras islas, que aun compartiéndolo, se está afrontando de una manera equivocada e irresponsable, por cuanto, el Govern está practicando una política de “gasto a cuenta” de lo que, presumiblemente, nos correspondería, y todo ello condimentado con la incertidumbre política a nivel nacional que retrasará cualquier decisión; 3.- ausencia absoluta de medidas de corte reformista, olvidándose de las tan necesarias reformas estructurales del sistema, practicando una suerte de política del “aquí no pasa nada”, apostando por una expansión del gasto público, sin tener dinero para ello, y, trabajando para que el peso de las aapp en la economía vaya creciendo, aún más, en detrimento de la sociedad civil que, cada día que pasa sufre una mayor carga impositiva y una regulación más intervencionista.
En definitiva, una política económica irresponsable implica unos resultados demoledores para el empleo y el tejido productivo y, aunque a corto plazo se puedan disfrazar, acabarán viendo la luz a medio plazo, y, en esta tierra, ya somos conocedores de sus consecuencias. La prudencia aconseja aprender de los errores, modificar el rumbo, apostar por el equilibrio presupuestario (déficit cero) y la puesta en marcha de un plan integral de reformas estructurales del sistema que permitan afrontar la transformación política, social y económica que necesitan nuestras islas.
