El alquiler vacacional en Balears no parece conocer límites. Si hasta ahora se habían comercializado balcones por 500 euros al mes, colchones a 200 o tiendas de campaña como "experiencias en plena naturaleza", con ducha-regadera y letrina, esta semana se ha conocido la comercialización de autocaravanas a través de una de las plataformas con mayor implantación en el sector. La Dirección General de Turisme ha iniciado tres expedientes sancionadores a los propietarios de tres caravanas por comercializarlas como oferta de alquiler turístico de manera ilegal. Los vehículos se publicitaban en Airbnb ofreciéndolos como hospedaje en una zona próxima al mar y con indicación de las plazas de alojamiento posible y los dormitorios disponibles. Una oferta que puede costar a sus promotores entre los 4.000 y los 40.000 euros de multa.
La capacidad de atracción turística de Balears es indiscutible. Este miércoles se conocía el crecimiento del número de visitantes en junio, que alcanzó los 2,12 millones de personas con un gasto total de 2.147 millones. Son cifras crecientes que confirman una situación estable que debe consolidarse sin dar opción a extravagancias ni fraudes que perjudiquen al sector o a los visitantes. Los turistas deben alojarse únicamente en hoteles o en apartamentos turísticos debidamente regulados y autorizados.
La ley actual establece claramente el catálogo de figuras turísticas que se pueden considerar como alojamiento vacacional. Fuera de ahí, la acción de los inspectores debe ser contundente, al igual que el nivel de las sanciones. Se trata de evitar la oferta sucedánea, el descontrol y las ilegalidades que suponen una competencia desleal para los empresarios y un perjuicio para los turistas, cuando no una flagrante estafa.
Las Balears, como destino turístico de primer orden, deben velar por ofrecer servicios de calidad sujetos a la mayor legalidad. Para ello, muchos empresarios del sector no sólo cumplen con las normas sino que destinan grandes recursos a invertir en la mejora de sus establecimientos. Por su parte, las administraciones deben asegurar las reglas del juego impidiendo actuaciones que comprometan la imagen y el futuro del destino. Y deben hacerlo aplicando toda la dureza posible.
