El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha fallado en contra de la restricción horaria impuesta por el Ayuntamiento de Palma en 2019 que obligaba a los restaurantes de la zona de La Lonja a cerrar antes de las once de la noche. El fallo del TSJIB declara nulo el decreto que establecía de restricción horaria y permitirá a los establecimientos de restauración de la zona abrir con el horario general autorizado en el artículo 18 de la Ordenanza Municipal de Ocupación de Vía Pública del 4 de septiembre del año 2018; es decir, desde las 07.00 de la mañana hasta las 00.00 horas, y los viernes, sábados y vísperas de festivo de 07.00 a las 00.30 horas del día siguiente. Cort ya han anunciado que no recurrirá.
El gobierno municipal de Palma aprobó en abril de 2019 un decreto que establecía que las terrazas de bares y restaurantes no podían permanecer abiertas después de las 23:00 horas, lo que obligaba a los establecimientos a advertir a sus clientes media hora antes de que debían empezar a abandonar la terraza, ya que los restauradores debían proceder a retirar las sillas y las mesas antes de la hora establecida.
Cort argumentó que tal decisión se había adoptado para proteger a los vecinos y fomentar el descanso vecinal en el barrio, evitando ruidos y posibles incidentes. Por su parte, los dueños y encargados de los locales -encabezados por la asociación empresarial Restauración CAEB- criticaron duramente la medida, especialmente por tratarse de una zona turística que, en plena temporada, se veía obligada a renunciar a una parte importante del negocio. La entidad inició la batalla por la vía judicial y mediante la movilización ciudadana, llegando a reunir más de 3.000 firmas en change.org a favor de mantener las terrazas hasta el horario habitual.
Cuatro años después, la justicia se ha pronunciado dando la razón a los restauradores y poniendo en evidencia la que, a todas luces, fue una decision errónea. La mala publicidad que han soportado estos locales, sin embargo, será difícil de erradicar, además de haber sufrido un lucro cesante por reducción de la actividad durante cuatro años.
Por ello, los afectados afirman que continuarán la acción judicial mediante una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de Palma para compensar los perjuicios económicos sufridos. Restauración CAEB estima que tal reclamación podría costarle a las arcas municipales entre el millón y medio y los dos millones de euros. De prosperar, será un dinero que saldrá de los bolsillos de todos los palmesanos, un dinero que, por la decisión manifiestamente equivocada de unos pocos -algunos, como Aurora Jhardi ,ya ni siquiera están en Cort-, no se podrá destinar a cubrir otras necesidades municipales; una situación que demuestra la arbitrariedad, la ligereza y la acción marcadamente ideologica que ejercen algunos responsables desde las administraciones públicas.
