Una acertada decisión de la Fiscalía Superior ante la okupación de viviendas

La Fiscalía Superior de Baleares ha decidido tomar la iniciativa ante el problema creciente de la okupación de viviendas. Este lunes, el fiscal superior, Bartolomé Barceló, publicó una instrucción dirigida a los cuerpos de seguridad con la que pretende dar por zanjada cualquier duda sobre la forma de actuar en estos casos, protegiendo "el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, así como la posesión de los inmuebles por sus legítimos titulares". Textualmente, la instrucción solicita la intervención directa e inmediata de los agentes "cuando la ocupación ilegal de un inmueble revista características de delito", tras lo que pide el desalojo inmediato y la detención de los ocupantes ilegales.

La Fiscalía planta cara al fenómeno y opta por la mano dura contra las okupaciones ilegales frente a la permisividad y la falta de acción que se ha observado en numerosos episodios de este tipo, muchos de ellos amparados en la falta de un criterio jurídico suficiente. Tras la instrucción del organismo encabezado por Barceló, el criterio para los policías queda claro y ya no habrá lugar a dudas ni esperar órdenes de los juzgados para intervenir.

La medida llega en un contexto de creciente problema social y legal debido a la ocupación ilegal de inmuebles y al aumento de mafias que se aprovechan de la necesidad de personas vulnerables, tal y como ha relatado mallorcadiario.com en la serie de informaciones publicadas la semana pasada sobre el tema. La directriz, que va dirigida tanto a la Policía Nacional, como a la Guardia Civil y las policías locales, debe trasladar a la sociedad una notable tranquilidad sobre la forma de proceder en situaciones futuras, ya sea en los casos en que se trate de la vivienda principal, como aquellos en que el inmueble okupado sea una segunda residencia o el lugar de veraneo.

La norma marcada por la Fiscalía Superior deja claro que "nadie puede entrar en domicilio ajeno sin autorización del titular o resolución judicial", lo que a su juicio no tiene que ver con el derecho a una vivienda digna. De hecho, en los casos en que se trate de personas en riesgo de exclusión social, el fiscal pide que se dé cuenta a los servicios sociales "para que no queden desamparados".

Ahora, la reacción de la Fiscalía Superior debe ir acompañada de una actuación rápida, decidida y valiente por parte de los agentes policiales que frene de una vez un proceso que, en determinadas zonas de la comunidad, ha alcanzado niveles de conflicto social, más allá del drama personal de los afectados.