“Supongo que los jueces no juzgarán decisiones políticas”. La frase entrecomillada corresponde a un presidente balear. Se refiere a la investigación impulsada por Anticorrupción en torno al palacio de la ópera diseñado por Santiago Calatrava para la Bahía de Palma. Quien ha pronunciado las palabras con las que arranca esta columna no es, como a bote pronto cabría deducir, Jaume Matas, que sigue sin hablar con los medios. La declaración ha sido pública, en la radio. Aunque pudiéramos entrecomillársela al expresidente, por ser una afirmación que encaja perfectamente en los escritos de sus abogados Rafael y Salvador Perera, la frase es de Francesc Antich en la COPE. Defendiendo el estado democrático, asentado sobre la división de poderes, el socialista –que no deja de ser abogado– ha hecho en las ondas un alegato involuntario a favor de su predecesor. A pesar de parecerle “brutal” la corrupción del PP (y menos significativa la de UM, incluyendo la compra de votos), el secretario general del PSIB-PSOE ha ido esta vez en línea con los defensores de Matas, que califican de “infundios” las acusaciones de la Fiscalía. Y es que Antich, en esta ocasión, no sólo defiende –sin pretenderlo– a Matas, sino a si mismo, a Francina Armengol, a Aina Calvo, y a todos los gobernantes. Porque si los jueces pudieran decidir sobre los proyectos que la oposición denuncian en la arena política y sobre los que la opinión pública juzga, habría quien instar a Pedro Horrach, Joan Carrau y Miguel Angel Subirán a perseguir a la alcaldesa de Palma, por quitarle un carril a las Avenidas, para dárselo a unos pocos ciclistas; a la presidenta del Consell de Mallorca, por construir un ‘scalextric’, como solución improvisada a los accesos al hospital de Son Espases e incluso al presidente del Govern, por electoralista, al presentar a menos de 100 días para la cita con las urnas un Plan Industrial, comprometiendo inversiones superiores a 600 millones de euros. Nadie lo plantearía, salvo quizás ante el juez José Castro que se atreve con (casi) todos. Otra cosa sería saber si los fiscales se pondrían de su lado y tema aparte, lo que harían los servicios jurídicos de las diferentes instituciones, especialmente en la próxima legislatura y si cambia el color político del poder. En el caso de la frustrada ópera, se da la circunstancia de que el abogado de la Comunidad Autónoma –que no es Antich pese a su licenciatura en Derecho y ser el máximo responsable de las Islas, si no una mujer a sus órdenes– se erige en acusación penal contra el ex presidente e incluso contraviene a todos los informes de los mismos servicios jurídicos de los que forma parte y que fueron emitidos cuatro años atrás. Estos días, la letrada a sueldo de las Islas, Mari Angeles Berrocal, parece tan interesada en condenar a Matas como el que más e igualmente al exconseller Francesc Fiol. Denuncia contra Rafa Nadal. Hoy mismo también algún tenista aficionado podría acudir a los juzgados para denunciar a Antich y Armengol, junto al alcalde de Manacor y portavozparlamentario del PP, Antoni Pastor, por impulsar un centro de referencia del deporte de la raqueta con un escogido a dedo… “A mi no me lo ofrecieron y yo tenía un proyecto espectacular e insuperable, que habría supuesto una revitalización de la zona, una auténtica transformación del municipio y convertir la ciudad en una capital internacional del tenis”, podría argumentar un celoso del número 1 mundial. ¿También constituiría una pieza separada del Caso Palma Arena?
