El Consell de Mallorca que preside Miquel Ensenyat (Més per Mallorca) y el Govern de les Illes Balears, presidido por Francina Armengol (PSIB), anunciaron a bombo y platillo el día 6 de febrero que el túnel de Sóller será gratis a partir del día 1º de septiembre de este año. Esta afirmación es muy inexacta, pues la institución insular pagará 15,4 millones de euros a la empresa concesionaria y el Govern pagará 4,1 millones que serán destinados a mantenimiento hasta el año 2022, año en que concluía la concesión. De modo que de gratis, nada.
Este anuncio, electoralista donde los haya, supone invertir mucho dinero en algo que en 5 años revertiría en la Administración de forma completamente gratis, por lo que es natural que hayan surgido voces críticas contra la operación del Consell y del Govern. Además, dado que el Govern inyecta dinero en esta operación, los habitantes de Menorca, Eivissa y Formentera se ven obligados a pagar por el rescate de una infraestructura que ellos no utilizan. Y también hay que tener en cuenta que un elevado porcentaje de vehículos que ahora atraviesan el túnel diariamente -unos 9.500-, son de alquiler y usados por turistas, que de rescatarse la concesión, tampoco ellos pagarán. Pero es que además, la concesionaria reclama 33 millones, muy lejos de la cantidad que el Consell está dispuesta a pagar, que no alcanza ni a la mitad.
Rescatar esta concesión resulta caprichoso e innecesario, pero las instituciones antes citadas lo hacen para lograr un rédito político evidente con los habitantes de Sóller y su comarca. Pero cabe preguntase si todos los habitantes de la isla e incluso los de las islas menores, aprueban una operación de la que ellos no se benefician. Como si no hubiera otras prioridades en el Consell en las que destinar esa millonada.
