Los ecologistas, con buena intención y justificadamente, pretenden que el Consell de Mallorca aplique sanciones de hasta 450 mil euros a los yates que fondeen en zonas prohibidas y dañen la pradera de posidonias del fondo marino. Su presión ha llevado a que el Consell mantenga las sanciones que inicialmente se habían pretendido eliminar. Con realismo, la institución aduce que no tiene posibilidades reales de controlar esta actuación privada sobre el entorno, lo cual parece obvio. En realidad, es cierto: las instituciones públicas tienen pocas posibilidades de controlar el cien por ciento de lo que hacemos los humanos (aceptemos el término sin entrar en detalles sobre su significado). He tenido ocasión de ver el fondo marino de algunas zonas de Calvià y da verdadera pena. Aquello es un basurero: está lleno de mesas de jardín, neumáticos, bicicletas, latas, botellas o colchones. Como quiera que yo nunca vi estas cosas entrando solas al mar, como si fueran suicidas, sospecho que estamos rodeados por humanos muy poco cívicos, más bien impresentables, por mucho que viajen en yates privados. ¿Una sanción para cada uno? ¿Hacemos como con los derechos de autor y les pasamos la factura a los yates, más allá de su culpabilidad individual? Ustedes verán: si tuviéramos una educación real, de la que en general carecemos, no sería necesario un poder público tan sancionador. Pero, realmente, no queda otro remedio.
