El pasado jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado una decisión difícil y poco común, pero enormemente acertada, como es el cese de Francisco Pérez, juez sustituto de los partidos judiciales de Palma, Inca y Manacor, al considerar acreditada su falta de idoneidad para el ejercicio de la función judicial. El CGPJ estima que sus actuaciones en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Palma y en el nº 1 de Manacor han demostrado su “inidoneidad”.
Muchas son las decisiones adoptadas por el ya ex juez Francisco Pérez que se han visto salpicadas por la polémica, pero según parece la principal causa que ha motivado la decisión del CGPJ sucedió en diciembre del año pasado, mientras Pérez sustituía durante cuatro días al magistrado Pedro Barceló en el juzgado de Instrucción nº 2 de Palma. Entonces dictó un auto en el cual imputaba en el “caso Ibatur” al ex presidente de Baleares, Jaume Matas, al ex conseller Joan Flaquer y al ex delegado del Gobierno José María Rodríguez, entre otros ex altos cargos del Govern y otros empleados de Over. Los letrados de muchos de los implicados recurrieron la decisión, además de la Abogacía de la Comunitat Autónoma, criticando al juez Pérez con términos muy duros. Tres de ellos, los abogados Jaime Campaner, Santiago Rodríguez Miranda (ex ministro de UCD) y José Ignacio Herrero denunciaron conjuntamente al juez sustituto ante el CGPJ acusándole de la comisión de dos faltas graves. Incluso la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, María Moretó, en declaraciones a la prensa afirmó: “Una persona que va a estar solo cuatro días al frente de un juzgado no puede tomar decisiones que no son urgentes y que tienen tanta repercusión social, como en este caso la imputación de Matas. Me parece una imprudencia que se tomen estas decisiones, salvo que se hagan con un afán protagonista”.
Sin embargo, no se puede olvidar que el fiscal anticorrupción Juan Carrau, solicitó la imputación en base a las declaraciones de Daniel Mercado, dueño de la agencia Over Marketing, quien confesó la manipulación de un concurso convocado por el Ibatur, y Francisco Pérez atendió esta solicitud sin tiempo material para analizar los más de 20 tomos (28.000 folios) del caso, buscar expedientes administrativos guardados en el juzgado de guardia y dictar un auto donde no solo atendía la petición del fiscal, sino que también imputaba a otras personas que el fiscal no había solicitado. La polémica decisión fue revocada días más tarde por el titular del Juzgado, Pedro Barceló, en un auto redactado en tono severo que desacreditaba al juez sustituto.
Otra actuación inexplicable sucedió en el marco de la “operación Picnic”, cuando Pérez citó de madrugada al entonces presidente de Unió Mallorquina, Josep Melià y al secretario general, Joan Monjo, quienes no tenían relación alguna con lo que se investigaba, para comunicarles la imposición de una fianza civil de 1,6 millones de euros a su formación política, decisión que a la postre condujo a la desaparición del partido.
Otro caso polémico fue el de los incidentes acaecidos en la fiesta de Sant Agustí de Felanitx del año 2011, donde forzó tomar declaración a la presidenta del Consell, María Salom y al conseller Gabriel Company en pleno mes de agosto sin razón aparente y sin atender la solicitud de cambiar de fechas que solicitaron Salom y Catalina Soler.
En otra ocasión, en el caso de un médico que había practicado un aborto incorrectamente y el bebé había nacido, condenó al galeno a correr con la manutención del bebé hasta que este tenga 25 años a razón de 978 euros al mes y a indemnizar a la madre con 150.000 euros. También sus actuaciones en la subasta del palacete de Matas en la calle Sant Feliu de Palma, o algunas decisiones en el “caso Andratx” levantaron polémica.
Francisco Pérez no era juez de carrera, sino juez sustituto, es decir contratado temporalmente para llevar a cabo refuerzos puntuales. Está por ver si el CGPJ tomaría la decisión de actuar contra un miembro de la carrera judicial si atendemos al corporativismo existente en el colectivo de jueces y fiscales y al oscurantismo en las decisiones de la Comisión Disciplinaria del Consejo.
Sin embargo, a raíz de lo sucedido con este juez sustituto, cabe hacerse varias preguntas: si ahora se determina su falta de idoneidad, algo que acredita su trayectoria, ¿cómo reparar el daño que sus polémicas decisiones han causado a los ciudadanos? La imputación gratuita e innecesaria de cualquier persona, más si se trata de un político, tiene consecuencias irreparables para su imagen. ¿Qué decir de la fianza civil millonaria impuesta a UM que supuso su estocada mortal? Además, surge la pregunta de ¿quién es el responsable de haber colocado al frente de órganos judiciales a un juez sustituto que no era idóneo? En el ámbito político se exigirían responsabilidades al autor del nombramiento. Pero ¿aquí no hay nadie que se haga responsable de todo esto? Evidentemente, hay cosas que no funcionan correctamente en el ámbito de la Justicia. Y esto lo acaban pagando los ciudadanos. Como siempre. Como todo.
