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Un hotel ilegal propiedad del Bisbat de Mallorca

jueves 16 de mayo de 2024, 00:00h

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El reciente expediente abierto por el Consell de Mallorca a la hospedería del Santuario de Lluc ha desatado una controversia que trasciende lo meramente administrativo para adentrarse en un terreno ético y legal delicado. Es de general conocimiento que la hospedería ha venido funcionando durante décadas como un establecimiento turístico en toda regla. Por ello, es difícil creer que lo haya estado haciendo sin los requisitos legales que la Ley determina y cuyo incumplimiento, flagrante, sostenido en el tiempo e injustificado, ha motivado la intervención de las autoridades.

La propiedad del Santuario de Lluc por parte del obispado de Mallorca añade un matiz adicional a esta situación. Al tratarse de una entidad eclesiástica, se espera que su actuación se rija por principios éticos y morales elevados, y por supuesto, con sujeción a la Ley, lo cual contrasta con las acusaciones de operar un establecimiento sin la debida autorización legal.

La utilización de la hospedería como un hotel sin las correspondientes licencias constituye un acto contrario a la legalidad establecida, al tiempo que plantea interrogantes sobre los principios éticos que deberían guiar las acciones de una institución como el Bisbat de Mallorca, cuyas actuaciones en los últimos años, bajo la presidencia del obispo Sebastià Taltavull, están plagadas de polémica y de actuaciones alejadas de la ética.

Ante esta situación, es fundamental que tanto el Consell de Mallorca como el obispado de Mallorca actúen con responsabilidad y transparencia. Es necesario esclarecer los hechos y tomar las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de la legalidad y restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones implicadas, pues no es un tema menor que el Consell de Mallorca durante el último mandato de la presidenta Catalina Cladera, no actuase ante una denuncia de un huésped que se alojó en la hospedería de Lluc. Esto también debe ser esclarecido, pues es muy grave que existan sospechas de trato de favor en el caso de la Iglesia de Mallorca.