Esta semana comienza el curso político que culminará el próximo mes de mayo con la convocatoria, como mínimo, de las elecciones europeas, municipales y autonómicas. De los comicios de la próxima primavera saldrán las instituciones que gobernarán Balears los próximos cuatro años, lo que convierte este inicio de curso en el periodo avanzado para hacer balances y rendir cuentas ante los ciudadanos.
Desde la oposición, la legislatura del Pacte ya se da por concluida, a falta de los últimos flecos que deberá debatir el Parlament en la recta final del mandato que se inicia esta semana con un nuevo periodo de sesiones.Tanto PP como Ciudadanos y El PI ponen el acento en la escasa utilidad que las políticas del Pacte han tenido para la vida cotidiana de los ciudadanos baleares, a pesar de haber dispuesto de los mayores presupuestos públicos de la historia, en un momento en que la economía ha repuntado y con la principal industrial del país marcando records. Critican la excesiva carga ideológica de algunas decisones (incluida la derogación varias leyes) y el escaso efecto que la acción de gobierno ha tenido en cuestiones de uso diario como los transportes, la vivienda, los impuestos o la creación de nuevos servicios.
Por su parte, las formaciones que integran los gobiernos del Pacte se esmeran estas fechas en reclamar cuatro años más al frente de las administraciones para poder concluir con todos los proyectos previstos en los "Acords pel canvi" que se negociaron en 2015. Lo hacen conscientes de que se enfrentan en este balance a muchos sectores a quienes la izquierda ha decepcionado. Es el caso de organizaciones como Memòria de Mallorca, entidades animalistas, o los propios ecologistas de Terraferida o el GOB, cuyo presidente denunciaba este domingo en mallorcadiario.com su desilusión por el sentido que han supuesto determinadas actuaciones tanto del Govern como del Consell de Mallorca. Sa Feixina y la autovía hasta Campos son ejemplos de la frustración de estos grupos, aunque también están en el desánimo diario los atascos, los precios de los alquileres o la falta de infraestrusturas.
Queda medio año para sacar rédito de lo que, durante estos cuatro años, PSOE, Més y Podem han llevado a cabo en el Govern, los consells y los principales ayuntamientos. Y queda medio año para poder decir que Balears cuenta con un nuevo REB, como ya se anunciaba hace un año y después de que el cambio de Gobierno en Madrid haya vuelto a situar la negociación en la casilla de salida. No presentar antes de mayo algo que se llame REB y que, en mayor o menor medida, compense la insularidad balear, significará una frustración que pasará factura, principalmente, al PSOE, partido que lidera los gobiernos tanto de Madrid como de Balears.
A pocos meses vista, el resultado electoral se vislumbra con grandes interrogantes y mucha indefinición. Por ello, los partidos del Pacte valoran hacer sus balances por separado, capitalizando en la medida de lo posible aquello que les reporte votos en sus diferentes ámbitos (ecotasa, leyes medioambientales, desestacionalización...), pero, sobre todo, lanzando el mensaje de que sólo un nuevo entendimiento entre PSOE, Més y Podem puede impedir un gobierno liderado por el PP. Se trata de un mensaje capaz de movilizar a sus bases y seguidores, pero sobre el que cabe preguntar si será suficiente para atraer una mayoría social que permita reeditar un pacto de gobierno.
