Los policías locales de Capdepera están de enhorabuena. Pocas veces se ve que un alcalde, el máximo jefe del cuerpo de la Policía Local, critique tan duramente como lo ha hecho Rafel Fernández (PSOE) a la Guardia Civil y a la Delegación del Gobierno, cuya responsable, Aina Calvo, es de su mismo partido político. Esta defensa que el primer edil hace de la plantilla de agentes locales y más concretamente de los dos funcionarios agredidos por los miembros de un conflictivo clan gitano en Cala Rajada, es digna de encomio y muy raramente se da por una cuestión de disciplina y obediencia política mal entendidas.
En esta ocasión y dada la tibieza y pasividad de la Guardia Civil a la hora de detener a los autores de la brutal agresión a dos agentes de la autoridad, Rafel Fernández ha dicho basta y se ha plantado. Con toda razón, porque cabe preguntarse si la actuación de los mandos de la Benemérita hubiese sido la misma si los atacados fueran una patrulla de la Guardia Civil, en lugar de una de la Policía Local. Y la respuesta es no, evidentemente.
El trato que a menudo se dispensa a los confidentes, más aún en asuntos de tráfico de drogas, es un terreno extremadamente pantanoso. Desde este punto de vista es lógico y comprensible que la Guardia Civil procure tratar bien a los camellos que les facilitan información que les permite desarticular puntos de venta de droga. Pero este trato preferencial, por así llamarlo, no puede suponer nunca una carta blanca para la total impunidad. Menos aún cuando estamos ante un atentado contra agentes de la autoridad que está grabado y todos hemos podido ver. Esas imágenes de una turba agrediendo violentamente a dos policías uniformados en la calle y a plena luz del día no pueden quedar sin castigo, como parece haber pretendido algún jefe de la Guardia Civil que se equivocó radicalmente a la hora de valorar el incidente, apartándose de la Ley y de los procedimientos establecidos.
La Delegación del Gobierno y el coronel jefe de la Guardia Civil deben aclarar lo sucedido y dar explicaciones ante este incidente que supone un escándalo para la ciudadanía, que percibe cómo se intentó tapar un delito sólo porque quienes lo cometieron son confidentes. Algo inaceptable como acertadamente ha denunciado el equipo de gobierno municipal de Capdepera.
Además, conviene que valoren adecuadamente la actitud de un alcalde que ya demostró que su prioridad no es su partido sino su municipio, cuando en marzo del año pasado movilizó a los vecinos para exigir al presidente del Gobierno Pedro Sánchez la reparación de los daños causados por la borrasca Gloria. “Antes que socialista soy alcalde”, dijo Fernández. Tomen nota que a este no le callan haciéndole ojitos ni dándole palmadas en la espalda. Ya podrían tomar otros muchos regidores de Mallorca, que más parecen ovejas que alcaldes.
