Torturas a un discapacitado en Manacor

La extraordinaria crueldad demostrada por los siete acusados de torturar a un joven discapacitado en Manacor ha sacudido la opinión pública mallorquina. Este miércoles, los siete detenidos pasaban a disposición judicial, acusados de secuestrar y maltratar a la víctima en un domicilio particular de la capital del Llevant durante todo el fin de semana. Con promesas y engaños, los acusados atrajeron presuntamente a un joven de 34 años con discapacidad intelectual al que tatuaron, mojaron con agua fría, cosieron los dedos de los pies, llenaron su boca de pegamento, le arrancaron las cejas, lo travistieron para pasearlo por la calle y le infligieron todo tipo de vejaciones. El joven se recupera en Son Espases de la heridas provocadas.

El suceso sorprende por la inhumanidad mostrada por los agresores, personas todas ellas aparentemente normales, de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. No se trata de adolescentes descerebrados, víctimas de las redes sociales y el despersonalizado mundo de internet. Al contrario, se trata de adultos -cuatro hombres y tres mujeres- que no supieron aplicar una mínima conmiseración ante una persona que se encontraba en una clara situación de vulnerabilidad. No solo eso, sino que prefirieron prolongar la tortura durante días con el simple objetivo de divertirse.

El joven pudo huir y finalmente fue rescatado por la Policía, que lo trasladó a un centro hospitalario. Pero el suceso tendrá un recorrido en los tribunales. La fobia a las personas con discapacidad está contemplada como circunstancia agravante en los procedimientos judiciales y en el artículo 510 del Código Penal se incluye como un delito cometido contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas que garantiza la Constitución. Movimiento contra Intolerancia, que ya ha anunciado que se personará como acusación particular en este asunto, afirma que este tipo de delitos se sitúan en tercera posición entre los incidentes de odio reconocidos por el Ministerio.

Independientemente de su evolución judicial, y salvaguardando siempre la presunción de inocencia, sucesos como este merecen una reflexión sobre el tipo de sociedad en la que se mueven no pocos ciudadanos que pasan por personas absolutamente normales, pero cuyas actitudes, en determinadas situaciones, demuestran una preocupante falta de valores; una carencia impropia de una sociedad que pretende aspirar a ser más empática y solidaria.

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