La ex consellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu, ha defendido este miércoles que los contratos de su departamento con empresas del ex jefe de campaña de MÉS, Jaume Garau, se hicieron "correctamente" y que de hecho han sido "útiles" para la administración.
La exconsellera ha señalado a la salida del juzgado número 9 de Palma que ha defendido ante el juez que "todos los contratos se hicieron de manera correcta", en relación a la investigación penal para el esclarecimiento de los contratos realizados entre empresas del entorno del ex jefe de campaña de Més per Mallorca Jaume Garau, y el Govern.
"Con mi dimisión se hizo la pelota más grande", ha señalado, "pero estoy aquí para defender que todos los trabajos eran necesarios y se hicieron". Sobre la elección de las empresas de Garau, la exconsellera ha afirmado que "ni se ha vetado a nadie, ni se ha dejado de vetar". "No estaríamos cumpliendo con la ley si vetásemos a alguien", ha argumentado.
La ex consellera ha reconocido que el contrato adjudicado desde el Institut d'Estudis Baleàrics sí fue con una empresa de Garau pero se ha desvinculado de la tramitación. "Yo como consellera no entraba en los detalles de cómo se contrataban cuestiones inferiores a 500.000 euros", ha dicho. Por todo ello, ha explicado que ante el juez ha defendido que "el objeto de los contratos era diferente" y que por este motivo "se podían hacer dos contrataciones menores".
También ha asegurado que Garau "es un conocido, pero no tengo ninguna relación con él".
La consellera ha sido interrogada por el juez Enrique Morell por espacio de media hora. A su salida del Juzgado, la ex consellera ha manifestado que está "tranquila" y que ha contestado a todas las preguntas formuladas por el juez, la Fiscalía y los abogados presentes.
La Fiscalía abrió en abril del año pasado diligencias de investigación penal para el esclarecimiento de los contratos realizados entre empresas del entorno del ex jefe de campaña de Més y el Govern.
El Ministerio Fiscal presentó una querella por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, tras inspeccionar los contratos adjudicados a Garau para la realización de estudios por varias Consellerias dirigidas por cargos políticos de Més, por valor de 154.000 euros, mediante un procedimiento negociado sin publicidad.