El nuevo varapalo que la Justicia ha propinado al Ajuntament de Palma, esta vez por la limitación ilegal del horario de bares y restaurantes en el barrio de La Lonja, evidencia el desgobierno municipal que padecemos y el nivel de sectarismo e incompetencia que caracteriza a los políticos de Cort. Lamentablemente, ese brutal varapalo no lo sufrirán ellos (PSOE, Podemos y Més), sino que lo pagaremos todos los vecinos de la ciudad. Para los responsables directos de ese atropello ilegal no habrá consecuencias de ningún tipo, como no sea de índole política en mayo de 2023. Y eso está por ver.
Lo que es de traca son las declaraciones del alcalde José Hila, esa nulidad convertida en primer edil de la capital de Baleares, que a la hora de valorar la sentencia dijo: “Había muchas denuncias de vecinos y se encontró una solución adecuada”. ¿Adecuada? ¿Se la tumba un juzgado y dice que es adecuada? Adecuado sería que presentase su dimisión y se fuese a su casa, librando a sus convecinos de seguir soportando su contrastada ineptitud y su incapacidad manifiesta para liderar nada.
Hila es un irresponsable patológico en manos de sus socios de gobierno y compañeros de viaje Alberto Jarabo (Podemos) y Toni Noguera (Més), dos políticos que están absolutamente desconectados de la realidad. No basan sus decisiones ni en el bien común ni en el progreso de la ciudad, sino en sus ideas preconcebidas derivadas de su radicalismo político. No miran por los ciudadanos de Palma, sino exclusivamente por sus votantes. Y dado que estos son pocos y radicalizados, Hila es el rehén voluntario de un gobierno de coalición que suma los votos de unos pocos que, por necesarios para que el PSOE gobierne Cort, logran imponer sus barbaridades al conjunto.
Así, se impone el programa político de una formación comunista y de otra ecosoberanista (a caballo uno de otro), que por sí solas representan a poco más del 20% de los electores (un 10% cada una de ellas). Algo más de 15.600 votos obtuvieron los comunistas de Podemos y casi 15.300 obtuvieron los nacionalistas de Més. ¿Qué suponen esos 30.000 votantes en el conjunto de los 422.000 habitantes de Palma? Un escupitajo en el mar. Pero ese escupitajo nos gobierna tiránicamente y sin escuchar a nadie, a base de ocurrencias, de división y de imposición de un programa de gobierno que nadie votó.
El equipo de gobierno en Cort suma 15 concejales, nueve socialistas, tres de Podemos y otros tres de Més. En la legislatura pasada, tuvieron un concejal más y de esos tres, en las elecciones de 2019 solo ganó votos el PSOE. Més perdió 8.000 votos y Podemos (antes SomPalma) algo más de 7.000 sufragios. La oposición, por su parte, cuenta con 14 concejales (seis del PP, cuatro de Vox y cuatro de Ciudadanos). 15 contra 14. La prudencia sugiere que ante este frágil equilibrio de fuerzas en el consistorio palmesano, el equipo de gobierno debería abstenerse de actuar como si en la ciudad no hubiese nadie que no les haya votado. Pero ni por esas. Hacen lo que les da la gana y como les da la gana, sin respetar a la oposición, sin atender a las entidades sociales que critican su autoritarismo, como en el caso de la reforma de Nuredduna, que echará a andar sólo porque a ellos se les antoja, al igual que ha sucedido con la regulación de los patinetes, la eliminación de las terrazas (antes de que llegase el coronavirus), o la restricción de la velocidad a 30 km/h.
Lo peor de todo es que no se recuerda un nivel de sectarismo e inutilidad mayores en Cort en la historia de la ciudad. Vean si no a Sonia Vivas, a Xisco Dalmau, a Neus Truyol o Angélica Pastor, un babel de sardos, incapaces de hacer una O con un vaso. Y a los que hay que aguantar sus monsergas hablando de democracia y de pacificar la ciudad, cuando su forma de gobernar dista mucho de ser pacífica sino incendiaria y ruinosa. Y no defiende el bien común, sino satisfacer los caprichos de un puñado de radicales ruidosos determinados a hacer la vida imposible al conjunto de los ciudadanos con tal de imponer su caótico modelo de ciudad. Una mierda de ciudad.
