Terrazas de La Lonja: Cort mantiene el cierre a las 23:00 a la espera de respuesta judicial

A instancia de Restauración Caeb, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares validó el recurso de los restauradores y fijó el horario de cierre a las 23:00 resolución jurídica contraria a lo publicado en el BOIB del 6 de abril 2019 por el que se reducía el horario de ocupación de vía pública (mesas y sillas en las terrazas) en La Lonja, de las 08.00h de la mañana hasta las 23.00h de la noche.

Cort aplicó esta normativa impulsada por la Federación de Vecinos de Palma declarando que primaba más el descanso de los vecinos, por lo que se reducía el horario de cierre de los establecimientos de restauración en esta zona.

Ahora, el Ayuntamiento de Palma ha justificado que las terrazas continúen cerrando a las 23:000 horas alegando que están a la espera de que se responda a la apelación presentada por los servicios jurídicos municipales.

La regidora de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Clàudia Costa, ha apuntado que, de momento, el decreto sigue vigente porque el TSJIB no ha contestado a las apelaciones de Cort sino solo a las de la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Costa se ha referido a este extremo como una cuestión procesal o de forma por lo que, de momento, las terrazas tienen que cerrar a las 23.00 horas.

PÉRDIDAS PATRIMONIALES

Durante estos últimos cuatro años, los establecimientos de restauración de la zona han tenido que sufrir una situación de impotencia, al tener menos horas de ocupación de vía pública y, consecuentemente, han visto como se ha destruido la reputación por mala publicidad al tener que avisar a los clientes de las terrazas que a las 22.30h debían abandonarla para poder entrar el mobiliario dentro del establecimiento antes de las 23 horas.

Por ello, desde Restauración Caeb se ha planteado una acción judicial de reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de Palma, valorando incluso la vía penal contra la ex Regidora de Govern Interior de aquel momento, la Sra. Aurora Jhardi, por los perjuicios económicos sufridos estos últimos años.

El presidente de la patronal de restauración, Alfonso Robledo, ha subrayado que "esta reclamación patrimonial se estima entre 1,5 y 2 millones de euros. Y el objetivo es que la asociación, sus asociados y el sector se ganen el respecto de las administraciones que legislan sin fundamentación jurídica y sin consensuar con el sector".

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