Temor del Gobierno a un intenso verano de pateras argelinas

La salida de la pandemia y el cambio de relaciones que Argelia está impulsando en su trato con España -provocado por el giro del Gobierno español en relación al Sáhara en beneficio de Marruecos- puede tener consecuencias en la llegada de pateras desde las costas argelinas a Baleares. La delegada del Gobierno en las Islas, Aina Calvo, alertaba sobre esta posibilidad en la entrevista publicada por mallorcadiario.com este domingo. Calvo augura "una temporada intensa" toda vez que Argelia ya haya anunciado que no va a admitir la devolución de estos ciudadanos.

Este mismo domingo, la Guardia Civil interceptaba cerca del faro de Ses Salines una patera con siete personas en la que es una de las primeras llegadas de esta temporada, aunque el goteo de casos ya se viene produciendo -en función del estado de la mar- desde inicios del año. De hecho, el jueves de esta semana comenzará el juicio contra dos patrones de patera acusados de introducir ilegalmente en España a ocho personas desde Argelia en un desembarco que se interceptó en Formentera el febrero pasado. La Fiscalía pide para los encausados 12 años de cárcel.

La Justicia actúa contra los patrones; no así contra los pasajeros de estas pateras -víctimas en su mayoría de las mafias que cobran en torno a los 5.000 euros por pasajero-, sobre los que existe el convencimiento de la Administración de que su destino final no es Baleares, sino países como Francia o Bélgica.

En todo caso, como lugar de paso o destino final, el archipiélago forma parte de la ruta elegida por las pateras argelinas y eso obliga -más ahora, cuando se anuncia desde el propio Gobierno la posibilidad de llegadas masivas sin opción a la devolución- a adoptar medidas para agilizar los trámites y dotar de instalaciones suficientes para alojar a estas personas. Una vez que han sido identificados, el grueso de inmigrantes llegados en patera quedan en libertad a las 72 horas, libres administrativamente de quedarse en las Islas o desplazarse fuera si disponen de recursos propios para ello; una minoría vulnerable -menores, mujeres, enfermos, solicitantes de asilo...- quedan alojados por la Administración.

La situación obliga a reforzar los recursos materiales y policiales para hacer frente a este fenómeno creciente que puede batir récords este verano: acabar la adecuación del campamento de Son Tous, establecer mecanismos de gestión rápidos y dotar las plantillas públicas de efectivos suficientes.

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