Los que nunca han pagado nada acaban creyendo que todo es gratis. Eso es lo que les sucede a los niños malcriados que todo el día piden, y es lo mismo que les ocurre a nuestros gobernantes, peores que niños caprichosos. La sanidad en España no es gratis, la pagamos todos los que cotizamos y contribuimos.
Una de las pocas cosas buenas que hizo el anterior gobierno del PP en Baleares fue retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ilegales. En cambio, esta tercera edición del Pacte de “Progrés” juega con nuestro dinero y nuestra salud por motivos ideológicos. No tan sólo exigiendo el catalán como requisito excluyente a los sanitarios, sino también entregando tarjetas sanitarias a todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en nuestra Comunidad para que accedan a especialistas, intervenciones quirúrgicas y todo tipo de pruebas médicas.
Con una Seguridad Social saturada, sin tener en cuenta el coste y las repercusiones, Francina Armengol y su cuadrilla de irresponsables han decidido abrir el grifo del gratis total. Tarjetas sanitarias para todos, que engrosarán aún más unas listas de espera que muchas veces ponen en riesgo la vida de nuestros conciudadanos: 40.000 pacientes aguardan una media de 33 días para acceder a un especialista, y 13.000 esperan 80 días para un cirujano.
En un mundo globalizado, donde la aldea más remota está a un segundo vía Skype o WhatsApp, el efecto llamada de estas medidas puede ser aterrador.
Seamos sinceros, el nuestro es un país generoso, noble y solidario. En España a nadie se le niega la atención médica pública en caso de necesidad, tenga o no tarjeta sanitaria. El problema es dar carta de naturaleza a lo que en realidad es un delito: Entrar en el territorio sin papeles, sin permiso, con intención de quedarse y sin ningún medio legal de subsistencia.
Al final, como siempre, las irresponsabilidades de estos políticos las pagamos nosotros: Listas de espera interminables, pérdida del poder adquisitivo de las pensiones de nuestros mayores, y falta de presupuesto para las necesidades asistenciales de los que sí han contribuido al sostenimiento del Estado de Bienestar.
Un gobierno autonómico que, una vez más, se ensaña con las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad. Los que realmente no tienen más opción que la sanidad pública, o quienes necesitan ayudas sociales, son los que acaban sufriendo las consecuencias del “buenismo” suicida de los políticos del gobierno y, también, de los de la oposición. Ni una crítica a la entrega de tarjetas sanitarias a 12.000 inmigrantes ilegales por parte del Partido Popular y de Ciudadanos.
Ha llegado el momento de decir basta a tanto sin sentido.
