La decisión de anticipar el desahucio de los grupos con orden de desalojo en Son Banya, sin que se conozca que alguno haya concertado su próxima residencia, es otra muestra de la errática posición de Cort con los pobladores del cercado barrio palmesano. Más sorprendente aún que su obstinación por socorrer prioritariamente a solo una parte de los desfavorecidos que habitan el municipio.
Desde hace décadas se han ido desarrollando planes de realojamiento de quienes ocupaban viviendas en el exclusivo gueto de Son Riera, donde se pretendió resolver el problema del chabolismo en el que residían algunos clanes gitanos de Palma. En este plazo, una treintena abandonaron el poblado, a cambio de una asignación económica que, en muchos casos, se mantiene a pesar del tiempo transcurrido y que ahora se pretende ampliar a medio centenar de familias por un importe que supera el 35% del salario mínimo interprofesional en vigor, durante un periodo inicial de cinco años.
Han pasado muchos meses desde que se agotaran los recursos legales de los vecinos que no cumplían con los requisitos para ocupar una vivienda pública, en su mayoría porque disponían de otra en propiedad en el término. En este intervalo, el juzgado y el propio consistorio han ido aplazando la ejecución de la sentencia y alterando los términos o las condiciones exigibles para el realojo. Incluso ahora se asegura que más de una docena de las 45 familias que van a dejar su casa deberán recibir subvenciones para su pervivencia, porque no disponen de otra vivienda, aunque en 2016 eran 42 las que se probó que tenían patrimonio adicional. Sea como fuere, el ayuntamiento siempre ha tenido dificultades para reabsorber a determinados colectivos, no siendo Corea el único ejemplo alternativo de barrio “vulnerable” por su composición demográfica, aunque en gobiernos de corte progresista parece más llamativa la falta de solución ante temas por los que rebosan de crítica desde la oposición y cada legislatura adornan sus programas electorales.
Las diferencias ideológicas y de prelación necesarias en la ejecución de un mandato podrían superarse en los próximos días, si se firma este viernes un acuerdo político global para solucionar de una vez por todas el problema de Son Banya y no solo por ser una sede estable en el tráfico de drogas. Reiterar las redadas y sacar alijos de estupefacientes del mercado no basta, aunque los cuerpos y fuerzas del Estado prefiera n tener acotadas las zonas de distribución a que se dispersen sin control alguno. Con todo, estos barrios marginales son foco permanente de delincuencia y parece que el peso de la justicia no cae con la misma fuerza en todas partes e incluso da la impresión de que se ayuda a quien vulnera la ley, antes que a otros muchos ciudadanos que viven en la penuria sin haber transgredido ninguna norma.
El estado de derecho y la igualdad de trato no pueden supeditarse a determinados complejos frente a quienes amenazan en lugar de contribuir al bienestar general. Europa está mirando con preocupación el efecto de un buenismo, cuyos efectos secundarios son el populismo y la xenofobia. Atender los problemas de los individuos más desfavorecidos no es solo un argumento solidario, sino una obligación moral. Lo que no es óbice para que seamos conscientes de los riesgos que comporta la discrecionalidad a la hora de administrar los recursos de quienes han contribuido a que los presupuestos tengan dinero para gastar.
