Las webs corporativas de los ayuntamientos baleares vuelven a suspender en transparencia mayoritariamente, según se desprende del análisis concluido por la Universidad Autónoma de Barcelona en mayo de 2023. El 85 por ciento de los ayuntamientos incumple la Ley. Santa Eulària e Inca reciben certificación y por primera vez se evalúa a los Consells insulares, aprobados excepto Formentera. Sólo 10 de los 67 municipios baleares aprueba en transparencia en 2023, pero 3 logran sobresaliente. En diciembre de 2015 entró en vigor la Ley de Transparencia 19/2013 que obliga a las administraciones central, autonómica y local a publicar en sus páginas web toda la información de interés para el ciudadano. Casi ocho años después, el grado de cumplimiento de la ley en Baleares es muy bajo.
El Mapa Inforpaticipa revela que en 2023 sólo 10 de los 67 municipios de la comunidad obtienen un aprobado (el 15%, frente al 85% de suspensos). Los ayuntamientos con aprobado en 2023 son Santa Eulària des Riu, Calvià, Inca, Sant Antoni de Portmany, Marratxí, Bunyola y Felanitx, Sant Lluís, Eivissa y Palma. Destacan los tres excelentes de Santa Eulària, Calvià e Inca, aunque sólo obtienen Sello Santa Eulària e Inca porque por su población requieren una nota superior a 9 y Calvià debería superar el 9,5.
Algunos aprobados en la anterior evaluación suspenden ahora y se registran tres nuevas incorporaciones en el grupo de aprobados, de las que destacan por su extraordinario esfuerzo de mejora Sant Antoni de Portmany y Bunyola, que pasan de una nota de 1,5 y 1,7, respectivamente, en 2022, a notable en 2023. Marratxí y Felanitx se mantienen en el notable. La mayoría de municipios obtiene notas muy bajas (el 73% igual o menor a 3,5). Por primera vez se evalúa a los Consells insulares, que aprueban a excepción de Formentera.
En 2021 y 2022 aprobaron 11 y 8, respectivamente. El modelo de la UAB no valora únicamente la presencia de información, sino que esta sea completa, inteligible, fácilmente localizable y actual. Hay un empeoramiento en cuanto al cumplimiento general, que se debe fundamentalmente a la no actualización de la información.
La UAB realizará un nuevo análisis a principios de 2024. Los municipios que incumplen la ley son claramente susceptibles de recibir sanción económica o de suspensión de cargo público. El artículo 5 de la norma obliga a la "publicación periódica y actualizada de información relevante relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública" y el artículo 30 fija sanciones para las infracciones, considerando grave el "incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa" (artículo 9).
