El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha anunciado que la Nueva Oficina Judicial se implantará en otras ocho ciudades españolas el próximo año con la finalidad de agilizar y modernizar la Administración de Justicia y acortar los tiempos de respuesta del servicio que se presta al ciudadano. En concreto, el nuevo modelo judicial se estrenará en Ciudad Real y Cáceres durante el primer trimestre de 2011, continuará en León, Cuenca, Ceuta, Melilla y Mérida en el segundo, y se desplegará en Palma en el siguiente periodo. Así lo ha adelantado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta al diputado socialista por Baleares Pablo Martín Peré, quien le ha preguntado sobre la hoja de ruta y el calendario previsto por el Ejecutivo para continuar con la implantación de la Nueva Oficina Judicial. El ministro ha recordado que el "proceso de cambio" se estrenó el pasado 10 de noviembre en las ciudades de Burgos y Murcia con la puesta en marcha de la Nueva Oficina y ha negado que se tratara de una "experiencia piloto". "A pesar de los incrédulos, se inauguró todo un proceso de cambio en estructuras y funcionamiento de la Oficina Judicial que a lo largo del próximo año se proyectará en otros muchos lugares", ha indicado. Caamaño ha destacado que el nuevo modelo está provisto de "tecnologías de última generación" y de profesiones "más preparados", ofrecerá procedimientos más sencillos y ágiles, y, sobre todo, tiempos de respuesta "mucho más cortos". Ha añadido que su implantación irá acompañada de un plan de refuerzo para asegurar la "sucesión ininterrumpida de su funcionamiento" en los tribunales, así como de "un plan de calidad" que garantice su evolución y proponga posibles mejoras. ASUMIR RIESGOS ECONí“MICOS Frente a quienes en un principio descalificaron el plan por considerarlo "poco realista", el ministro se ha felicitado de que ha dejado de ser "un deseo" para convertirse en "una realidad tangible" que ha quedado patente en Burgos y Murcia, que han actuado como "punta de lanza" del despliegue, y se desarrollará en otros "muchos" puntos de la geografía española. Por su parte, el socialista Martín Peré ha valorado que la nueva oficina tiene una "importancia capital" ya que transmitirá el mensaje de que los tribunales y juzgados trabajan de manera eficiente" para "salvaguardar los derechos e intereses de los ciudadanos" y además genera "la confianza suficiente como para que estén dispuestos a asumir riesgos de carácter personal, económico y empresarial". "Y de esta manera contribuiremos a que la economía pueda mejorar en un momento tan delicado como el que nos encontramos", ha apostillado. El parlamentario también ha recordado la "suspicacia" con la que algunas formaciones políticas acogieron el Plan de Modernización de la Justicia y ha considerado que estaba basada "quizás más por el temor" a que se cumpliera que a una "falta de credibilidad".
