Delegación de Gobierno ha salido al paso de las críticas vertidas contra la sanción de 301 euros impuesta a la presidenta del comité de empresa de CBM –empresa prestataria de los servicios deportivos e informativos de IB3- por la celebración de una manifestación frente al Consolat de Mar el pasado 7 de diciembre.
Según se explica en una nota de prensa, día 5 de diciembre, Mar Cerezález Núñez comunicó al registro de Delegación de Gobierno la celebración de una protesta frente a la sede principal del Govern para el 7 de diciembre. Este plazo de antelación no cumple los requisitos de la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión que establece que las manifestaciones se tienen que comunicar “con una antelación de diez días naturales como mínimo y de treinta como máximo.”
El comité de empresa de CBM estaba avisado por parte de Delegación de que la protesta no se encontraba amparada por la ley sin embargo, no se suspendió la manifestación aun “a sabiendas de que no estaba cumpliendo con el requisito legal mencionado”. Debido a ello se procedió a su sanción.
A raíz del suceso la delegada de Gobierno Teresa Palmer pide responsabilidad de convocantes y participantes en el ejercicio de su derecho de manifestación para convocatorias futuras.
