Desde la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Balears, APTUR, han visto el cielo abierto con las objeciones planteada por parte del Gobierno de España al Govern de les Illes Balears respecto de la regulación del alquiler turístico que actualmente está en tramitación parlamentaria. Naturalmente, desde APTUR se reclama que se atiendan las advertencias del Gobierno central en aras de la seguridad jurídica, pues de nada servirá que el Parlament apruebe una Ley que en pocas semanas quede suspendida por un eventual recurso judicial. Además, APTUR ha planteado lo que denominan sus "líneas rojas" a la directora general de Turismo del Govern, Pilar Carbonell. Entre ellas, su oposición a la zonificación, a se requiera autorización de las comunidades de vecinos para alquilar a turistas y también la obligación de disponer de contadores de gas y agua.
Las demandas de APTUR son muy legítimas y realmente no parece que el problema que genera en alquiler turístico radique en las viviendas que legalmente y con las autorizaciones pertinentes, se dedican a esta actividad, sino a las que no lo hacen y que constituye un mercado negro y una oferta de economía sumergida que, además, supone una competencia desleal para el resto de operadores legales.
En todo caso procede exigir que todos deben ajustarse escrupulosamente a la autorización con la que cuenten, en su caso. Deben declarar todos sus ingresos, como hace la oferta hotelera. El personal de limpieza debe estar asegurado por todas las horas realmente trabajadas, evitando pagos en negro, defraudar a la Seguridad Social y la picaresca que algunos llevan a cabo de aprovechar que las limpiadoras y limpiadores, estando de alta en otros negocios, limpien los pisos turísticos.
Es preciso que cumplan con los requisitos que se exige a los hoteles, en cuanto a planes de autoprotección y emergencias, accesibilidad, medidas contraincendios, socorrista en las piscinas, etc. Y que las piscinas sean sometidas a las inspecciones de Sanidad y Turismo, exactamente igual que si fueran las de un hotel. Y por último, y muy importante, que cumplan con la obligación de registrar a sus huéspedes ante la Policía y la Guardia Civil, para evitar el vacío que existe en la actualidad. Lo mismo cabe decir del impuesto de pernoctaciones turísticas. Las reglas deben ser las mismas para todos cuantos faciliten alojamiento a turistas, sean del tipo que sean. Es lo justo y lo razonable.
