La condena impuesta por la Audiencia de Sevilla a los principales encausados del caso de los ERE ha sacudido el panorama político en medio de las negociaciones del PSOE para formar gobierno. La sentencia considera a los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán, y otros 17 miembros de sus gobiernos, como responsables de crear un sistema opaco de ayudas públicas que acabaron en los bolsillos de empresas afines del PSOE, asesores o prejubilados de empresas en las que nunca habían trabajado. Entre los años 2001 y 2010, el volumen de lo defraudado alcanza los 680 millones.
Chaves ha sido inhabilitado por un periodo de nueve años por un delito de prevaricación, mientras que Griñán se enfrenta a una condena de seis años de cárcel por malversación y prevaricación continuadas. A ellos se suman cuatro consejeros condenados a penas de cárcel y caras conocidas de la larga etapa de gobiernos socialistas en Andalucía como Magdalena Álvarez o Gaspar Zarrías, también inhabilitados.
La tesis del tribunal considera que los encausados organizaron o toleraron que la Consejería de Empleo dispusiera un fondo millonario de dinero público destinado al apoyo de empresas en crisis y parados "sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitime la percepción de la supuesta ayuda, sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía". El sistema resultante era "ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado".
El sistema compraba paz social y simpatías políticas a la vez que alimentaba la corrupción. Los datos sobre el gasto de miles de euros en fiestas, drogas y prostitutas, conocidos durante la larga instrucción, quedan como anécdotas que reflejan la forma de actuar de aquellos que se consideraban con plena impunidad.
El de los ERE se convierte en uno de los principales casos de corrupción en la histórica política reciente del país. En cifras, junto a los 680 millones de euros defraudados, el caso se resume en 9 años de investigación, 507 imputados -entre ellos dos ex presidentes de la Junta, seis ex consejeros y 13 ex altos cargos- 146 piezas judiciales y una sentencia de 1.700 folios.
En el terreno político las consecuencias pueden ser diversas. El PSOE, inmerso en plenas negociaciones para la formación de gobierno, ha optado por una primera reacción de perfil bajo -la del secretario de organización en Andalucía- quien ha señalado que las responsabilidades políticas "ya se asumieron". El resto de declaraciones han ido en la misma dirección. De hecho, Andalucía ya cambió de gobierno y liquidó 40 años de socialismo, los políticos directamente implicados están ya alejados de la política y la posibilidad de recuperar el dinero defraudado se convierte en una misión imposible. En todo caso, a diferencia de lo ocurrido los últimos años, es posible que el PSOE rebaje el tono cuando se refiera a los casos judiciales que afectan a otras formaciones, quienes, por su parte, es de esperar que no dejen escapar la sentencia para recordarle al PSOE sus propias exigencias con otros casos.
En el ámbito interno del partido tampoco sería descartable que Sánchez se vea tentado de utilizar la situación para liquidar de una vez la corriente que representa Susana Díaz, que tiene números para estar entre los más perjudicados por los efectos de esta sentencia.
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