Los constructores alertan de que en Baleares peligran 25.000 puestos de trabajo en el sector

Según esta asociación, el retraso en la tramitación de licencias se sitúa en una media de 18 meses, a pesar de que la ley estipula que las administraciones no pueden exceder un plazo de tres meses para pronunciarse. Fanny Alba ha asegurado que, sin consumir suelo rústico, solamente con el normal desarrollo de la actividad y anteponiendo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y el empleo de las más modernas técnicas y nuevos materiales, la actividad de la construcción "está en condiciones de ser el motor que tire de la economía y ayudar a remontar la difícil situación que padecen los ciudadanos de Baleares”.

La presidenta de los constructores ha informado a la jefa del Ejecutivo autonómico en torno a que el sector de la construcción balear ya está sumido en una situación técnica de recesión económica, y ha advertido de que, sin una coordinación público-privada y un plan de choque, el actual descenso de la actividad del 10 por ciento que afecta a la obra pública y la privada "acabará impactando negativamente sobre el empleo hasta unos límites que a fecha de hoy no podemos siquiera cuantificar”.

MEDIDAS INSUFICIENTES

Ademas, Fanny Alba ha considerado “totalmente insuficiente” que la medida adoptada por el Govern que podría favorecer la actividad del sector de la construcción sea la de abrir la posibilidad de que los establecimientos hoteleros puedan aumentar sus instalaciones en un 15 por ciento en Mallorca y, previsiblemente, solo un 10 por ciento en Menorca y las Pitiüsas.

De acuerdo a la presidenta de la entidad patronal, en el contexto actual y con la legislación vigente, el importe medio de inversión en la construcción de vivienda se sitúa en unos 300.000 euros, cantidad a la que se debe que añadir el precio del suelo, cuya tendencia es alcista, así como los impuestos, honorarios técnicos y demás costes.

Fanny Alba también ha criticado la desclasificación de suelo establecida mediante el Decreto 9/2020, por considerar que elimina la opción de construir en un breve espacio de tiempo vivienda asequible, y ha instado a la presidenta del Govern a "estimular la firma de convenios con el Estado para que puedan empezarse a ejecutar lo antes posible proyectos con financiación de los fondos europeos”, así como a avanzar en la formulación de “encomiendas de gestión para que los proyectos se realicen desde las comunidades autónomas". La dirigente sectorial ha incidido en que los empresarios de la construcción “no queremos ERTE; lo que queremos es trabajar”.

Desde el Govern, el conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, ha reconocido que esta demora en la tramitación de licencias es "una asignatura pendiente" y ha asegurado que existe la voluntad de agilizar ese proceso. Pons ha apuntado que "hay ayuntamientos que funcionan de maneras diferentes, y precisamente por eso es necesario marcar pautas conjuntas".

Al encuentro también han asistido los vicepresidentes primero y segundo de la Asociación de Constructores de Baleares, Óscar Carreras y Climent Olives, respectivamente.