La Justicia ha avalado la decisión del Govern y del Parlament de suprimir el conocido como ‘complemento 33’, que no era otra cosa que un privilegio económico para aquellos funcionarios públicos que hubiesen ocupado un cargo de nivel superior al suyo por un determinado periodo de tiempo. Se trataba de un privilegio que, si bien en su día es posible que tuviera sentido, actualmente no parecía debidamente justificado en el interés común y suponía una prebenda de difícil defensa en una situación de austeridad en el gasto público.
Los perceptores del plus, algunos de los cuales veían incrementada su nómina en hasta 1.000 euros mensuales, lo cual es una barbaridad, recurrieron a la Justicia al considerar que se conculcaban sus derechos pues se suprimía un derecho adquirido. Pero el juez que ha estudiado el caso no lo considera así y respalda la decisión del Parlament y del Govern.
Es natural que los beneficiados por el plus pretendan seguir engordando su nómina mensual hasta el fin de los tiempos, pero también es natural que se intente poner coto a los privilegios sobrevenidos a unos pocos, por el mero hecho de ser designados cargos público siendo funcionarios, pues se trata de recursos que se dejan de destinar a otras cosas más necesarias y que supondrían un beneficio a la colectividad.
