A día de ayer, y pendientes de computar nuevos desembarcos, habían arribado últimamente a nuestras costas diferentes embarcaciones con 1.499 personas, que consiguieron traspasar nuestras fronteras marítimas sin oposición alguna de nuestras autoridades, dimisionarias de sus obligaciones. Es significativo que el ritmo de llegadas se está acelerando de forma exponencial. Si el del último fin de semana fuera la muestra, en unos pocos años tendríamos un grave problema demográfico a añadir a nuestro imparable crecimiento poblacional.
Ahora que precisamente se acerca la retirada de la vida política activa de Angela Merkel -y, por tanto, de su, para mí, anodino liderazgo europeo-, es hora de pasar cuentas. A la Europa del norte le viene importando un auténtico pimiento la frontera sur de la Unión, es un hecho. Pese a que la mayor parte de los migrantes argelinos manifiesta su voluntad de transitar hacia otros países -sustancialmente, los francófonos Francia o Bélgica- lo cierto es que el modus operandi de las instituciones comunitarias facilita el efecto llamada de más inmigración ilegal hacia España, Italia y Grecia.
El síndrome postraumático de la sociedad alemana y su profundo complejo a parecer xenófoba nos está saliendo muy caro al resto de las naciones de la Unión. Pero precisamente esa insolidaria pasividad de los socios septentrionales de la UE es la que alimenta los liderazgos de extrema derecha que progresivamente están tiñendo el mapa político continental y que amenazan con ocasionar una grave fractura con las anquilosadas instituciones europeas, absolutamente incapaces de adoptar decisiones globales de política exterior. No es casualidad, pues, el apoyo que reciben Orban, Duda y otros líderes que hablan claro de este problema, aunque sus recetas para solucionarlo sean de dudosa compatibilidad con nuestro marco jurídico. Cuanto más renuncie la llamada locomotora europea a aplicar y financiar políticas fronterizas razonables, más auge experimentará la derecha extrema en aquellos países que mantienen frontera con zonas en conflicto o con graves problemas sociales.
Si a ello unimos la absoluta insensibilidad del ministro Grande-Marlaska hacia todos los problemas y las causas que no le atañen a él personalmente, así como la inoperancia del Gobierno español para proporcionar a sus comunidades autónomas medios dignos con los que hacer frente a esta auténtica avalancha transfronteriza, convendremos que los ciudadanos de las islas estamos desamparados por completo, algo que, por desgracia, ya ha dejado de sorprendernos.
Los inmigrantes ilegales llegados en un corto plazo de tiempo a Balears equivalen aproximadamente a la población de Santa Eugènia, de Lloret o de Costitx. En tres fines de semana como el pasado, superaríamos los habitantes de Ariany. ¿Es esto tolerable?
