JAIME ORFILA. Nuestra sociedad no puede permitir que un ciudadano sea desatendido en una urgencia o en una enfermedad grave por justicia social, independientemente de los principios legales. Así lo establece también el código ético y deontológico del médico. Además, existen múltiples razones de salud colectiva que lo hacen aconsejable.
La última reforma legislativa ha complicado la acreditación administrativa del derecho, con el objetivo, según reza el título de la norma, de hacer más sostenible el sistema sanitario y mejorar la calidad de las prestaciones. En su desarrollo, aparte de interpretaciones y posicionamientos, queda garantizada, literalmente, en todos los casos, la atención a los menores, al embarazo y al parto y a la atención urgente. Por otro lado, algo estamos haciendo mal, cuando, amparándose en el mismo texto, en los servicios de salud de las distintas CCAA se aplica de forma inequitativa, dispersa y con diferencias de accesibilidad muy evidentes.
No es menos cierto que de forma global, en un escenario de severa crisis económica no se puede seguir manteniendo el nivel de incremento de los costes y se deben racionalizar las prestaciones priorizando las actuaciones coste efectivas.
Unión europea y legislación comparada
Cuando analizamos la legislación de los distintos países de la unión, observamos que han orientado los criterios de asistencia en la misma dirección. Han introducido la coparticipación en el pago de la cartera de servicios básica, en la prestación farmacológica, en el acceso a la a asistencia y han limitado la atención a los residentes no regulares. Incluso algunos países muy cercanos están desabastecidos y claudicando por falta de recursos económicos.
Cuando una práctica se convierte en generalizada y afecta a países con una política social muy avanzada como la de los países nórdicos, hay que entender que el gratis total y el efecto llamada, dificulta la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
Si atendemos a las publicaciones sobre servicios sanitarios, observamos que el copago asistencial, discrimina las clases sociales más desfavorecidas, se retrasa la demanda de asistencia, las prácticas preventivas se reducen y las enfermedades son atendidas en situación más avanzada. Es obvio que representa una línea roja que debemos evitar sobrepasar a toda costa.
No es menos verdad, que en nuestro entorno, la crítica situación del mercado de trabajo y el número de familias en precario hace que costos considerados pequeños en términos absolutos afecten a la protección de su salud. En esta línea, la atención a los inmigrantes no regularizados, una vez contactan con el sistema sanitario, mejoraría ampliamente con la asignación de un médico responsable a un coste muy bajo.
Sistema sanitario público balear
Los recursos económicos dedicados a nuestra asistencia son los más sostenibles del estado (1.100€ per cápita), en línea con una deficitaria financiación autonómica. Se mantiene la calidad en base al doble aseguramiento y gracias a una prescripción farmacéutica muy racional ( la más baja del país, 194€ p/año) y a los recortes diferenciales en el capítulo de personal.
La pregunta adicional es si utilizamos los instrumentos específicos de financiación sanitaria de la forma más ventajosa. La respuesta es que no y lo intentaré argumentar.
La legislación establece que la asistencia a los usuarios procedentes de países con los que España tiene suscrito un convenio bilateral de Seguridad Social debe facturarse.
La asistencia a las enfermedades profesionales, accidentes laborales, accidentes de tráfico, la prestada a los ciudadanos adscritos a las mutualidades de funcionarios (con cargo al ministerio competente en administraciones públicas)…, debe facturarse y su pago corresponde a terceros.
Por último, la asistencia prestada a los residentes en otras comunidades autónomas y a los ciudadanos de la unión europea que nos visitan, se abona por medio de un sistema de compensación muy perjudicial para nuestro sistema de salud. La financiación específica es muy importante y la tenemos infradesarrollada.
La asistencia social y humanista sería más fácil con una mejora de nuestros recursos disponibles. Para ello tenemos que pasar del lamento a la acción. El desarrollo y gestión de los fondos de cohesión y de garantía asistencial son francamente mejorables y la solución es política. Las condiciones socioeconómicas (trabajo, vivienda,…) de los ciudadanos y la financiación autonómica son tan importantes para la salud como la propia asistencia. No esperemos que los demás vengan a mejorarla.
