Una de las consecuencias de la actual crisis económica ha sido un cambio dramático en la distribución de la renta, con un empobrecimiento generalizado de las clases bajas y medias y un brutal aumento de la desigualdad social. Hasta ahora, las prestaciones del estado del bienestar servían para compensar en buena medida las diferencias, garantizando a toda la población una educación obligatoria de calidad, becas para acceder a la educación superior, una asistencia sanitaria universal de primer nivel, prestaciones de desempleo, pensiones de jubilación relativamente aceptables, pensiones de discapacidad, becas comedor, etc.
Ahora todo el entramado del estado de bienestar se está tambaleando. Las recetas de austeridad, contracción de la demanda, restricción absoluta del crédito y rescate de los bancos, que no de los ciudadanos, para que destinen el dinero a comprar deuda de los estados, en lugar de dedicarlo a préstamos a las empresas que, siendo viables y competitivas, están ahogadas por la falta de liquidez, han sido la excusa perfecta de los gobiernos para introducir recortes drásticos en los derechos sociales: en educación, en becas, en indemnización por despido, etc. Dado que el negocio inmobiliario está por los suelos y nunca volverá a alcanzar el volumen desmesurado de la época de la burbuja, y la obra pública, como consecuencia de la mucho menor disponibilidad presupuestaria de las administraciones, también ha disminuido mucho y tampoco se va a recuperar en demasía a corto plazo, el capital necesita encontrar nuevas áreas de negocio y la privatización de las joyas de la corona del estado del bienestar, la sanidad y las pensiones, son los bocados más apetitosos.
Analizando en retrospectiva las políticas aplicadas por nuestros gobiernos desde 2008, impuestas por la así llamada troika, aparece un patrón de voluntad de cambio del modelo de sociedad y rediseño del estado del bienestar. En el caso de la sanidad, si se produce un trasvase masivo de recursos a sistemas de sanidad privada, lo que quedará para los ciudadanos que no puedan pagar un seguro privado de asistencia en la sanitaria, será poco más que beneficencia. Esto no se ha producido todavía, pero hay indicios preocupantes de que podría ocurrir en un futuro próximo. De hecho, ya hace tiempo que se pusieron en marcha algunas experiencias, en Valencia y en Madrid, con resultados negativos para todos, para los ciudadanos, para los profesionales y para las empresas, así que ahora se trata de afinar más para que el negocio sea rentable. Los intentos continuados del gobierno autónomo de Madrid y también del de Castilla-La Mancha en los últimos años van en esa dirección.
No se trata de una colaboración entre el Sistema Nacional de Salud y la sanidad privada. Que esta última proporcione determinados servicios a ciudadanos por cuenta del SNS es perfectamente aceptable y, en algunos casos, incluso conveniente y deseable. Pero lo que está en juego es el trasvase masivo de recursos públicos hacia operadores sanitarios privados. Si llega a producirse, se incrementará aun más el diferencial de bienestar. Una de las primeras consecuencias será la inmediata, en pocos años, bajada de la expectativa de vida de las clases populares. Nuestra esperanza de vida, una de las más altas del mundo en estos momentos, consecuencia de varios factores, entre ellos de modo muy principal nuestro excelente sistema de asistencia sanitaria, caerá en muy poco tiempo. Pero la caída no será uniforme. Las estadísticas globales reflejarán una disminución discreta, pero si se desglosan por segmentos de población en función de la renta, veremos como las rentas altas apenas se verán afectadas, mientras que las medias y bajas sufrirán una pérdida de varios años de esperanza de vida. Este fenómeno ya se ha producido en otros países. En Rusia, tras la desmembración de la Unión Soviética y el desmantelamiento del sistema sanitario público, la esperanza de vida en los años 90 cayó entre seis y ocho años y aunque después se ha recuperado un poco, nunca ha vuelto a los niveles de la época soviética.
