Quien fuera teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma entre 2003 y 2007 en el gobierno municipal que presidía Catalina Cirer, Javier Rodrigo de Santos López, ha perdido la condición de funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Quien fuera director de campaña de Jaume Matas se encuentra privado de libertad en el centro penitenciario de Palma desde noviembre de 2009, cumpliendo una condena por corrupción de menores. Periódicamente disfruta de los permisos penitenciarios correspondientes, el primero de los cuales de tres días terminó el 11 de abril pasado. En diciembre está previsto que pueda solicitar el tercer grado penitenciario, al haber cumplido tres cuartas partes de su condena, lo que le permitiría acudir a la cárcel sólo de lunes a jueves sólo a dormir.
En marzo de 2008 saltó a la luz pública que el Ayuntamiento de Palma dirigido por la socialista Aina Calvo, había descubierto unos gastos efectuados con la tarjeta Visa municipal que tenía adjudicada Rodrigo de Santos como presidente de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos (EMOP) en una conocida casa de chaperos de Gomila llamada Casa Alfredo, pagando en multitud de ocasiones a horas intempestivas. Los gastos ascendían a 52.000 euros y las visitas se habían hecho entre finales de 2005 y mayo de 2007 (poco antes de celebrarse las elecciones donde ya se sabía que él no iría en las listas por decisión de Cirer). Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, que presentó una denuncia ante el juzgado de Instrucción 5 de Palma. Al ser llamado a declarar, Rodrigo de Santos reconoció los hechos y se escudó en una severa adición a la cocaína y al alcohol. Devolvió el dinero malversado al Ayuntamiento.
En septiembre de 2009 se celebró el juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial. La Fiscalía pidió para él 3 años de cárcel. Finalmente fue condenado a dos años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, al serle reconocidas las atenuantes de
reparación del daño, drogadicción y confesión.
Este escabroso asunto no fue el único del que Rodrigo de Santos tuvo que responder ante la Justicia. Una vez conocido el asunto de
Casa Alfredo, las madres de dos menores de edad denunciaron que Rodrigo de Santos había abusado de sus hijos. El juez Antoni Rotger ordenó su ingresó en prisión preventiva sin fianza el 27 de junio de 2008, donde estuvo 9 meses. Los menores, de 12 y 13 años, que acudían a cursillos de cristiandad (Rodrigo de Santos era un destacado miembro de la comunidad católica del Camino Neocatecumenal). En octubre de 2009 fue condenado por la Audiencia Provincial a 13 años y medio de cárcel por
abusos sexuales a menores. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo que rebajó la condena hasta los cinco años de prisión.
El martes 16 de julio se publicó en el BOE una resolución del Secretario de Estado de Administraciones Públicas que declara la pérdida de la condición de funcionario de Rodrigo de Santos, dado que fue condenado a 4 años de inhabilitación absoluta.