La Policía Nacional en colaboración con Inspección de Trabajo han culmindado la operación Repera, en la que se ha detenido tres personas de 39, 59 y 60 años encargados de controlar a los trabajadores de un conocido restaurante de Sa Calobra (Escorca) por un delito contra los derechos de los trabajadores y amenazas. En total, hay siete presuntas víctimas.
Las indagaciones se iniciaron hace unas semanas cuando se recibió denuncia en la Policía Nacional, así como en la Delegación de Trabajo de la Seguridad Social, en la que se alertaba de un posible delito contra el derecho de los trabajadores por parte del administrador del conocido restaurante así como de la encargada de gestionarlo y de uno de los trabajadores del mismo.
Los investigadores constataron que el trato degradante sólo se daba a los trabajadores extranjeros "llegando a un régimen de cuasi esclavitud", según indican fuentes policiales.
Así,las víctimas eran obligados a realizar jornadas laborales de entre 12 y 14 horas diarias percibiendo únicamente 40 euros por día trabajado.
Se incumplían las vacaciones anuales sistemáticamente, no disfrutaban del periodo vacacional establecido por convenio ni la compensación correspondiente por vacaciones no disfrutadas, bajo la amenaza de ser despedidos.
Los trabajadores realizaban funciones en unos casos de camareros, cocineros, limpieza o bien labores de mantenimiento, si bien, la mayoría de ellos no tenían ningún tipo de contrato laboral. Además, siempre cobraban lo misma independientemente de la función.
Las víctimas eran obligados a trabajar 6 días semanales y libraban sólo uno, nunca en fin de semana.
Además, si los trabajadores que estaban enfermos y no podían acudir a su puesto de trabajo no percibían ningún tipo de salario y si sufrían un accidente laboral, el dueño les obligaba a decir que el accidente no había sido laboral porque si no, serían despedidos.
Por otro lado, no existía el finiquito correspondiente al tiempo cotizado en la empresa y eran obligados a firmar su nómina aunque no percibían las cantidades económicas que allí constaban mediante amenazas que si no lo hacían en ese mismo instante se quedaban en la calle y sin trabajo.
Por todo lo manifestado y en vista de tener indicios racionales de la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, es por lo que, por parte de la Policía Nacional, se procedió a la realización de una Inspección junto a la Delegación de trabajo y seguridad social en el mencionado restaurante