Restauración Caeb cifra en dos millones de euros las indemnizaciones de Cort a los locales afectados de La Lonja

En un comunicado, Restauración Caeb relata que "ya en tres ocasiones la justicia ha dado la razón a los restauradores de la Lonja, en Palma, declarando que la decisión del Ayuntamiento de obligar cerrar las terrazas a las once de la noche se ha declarado y confirmado ya tres veces ilegal por la Justicia".

Este hecho va a motivar que el ayuntamiento deba hacer frente a indemnizaciones millonarias por el tiempo transcurrido desde que se obligó a aplicar el Decreto ilegal hasta la fecha. “Estamos calculando las pérdidas sufridas, local por local, haciendo la comparativa de lo recaudado en los años anteriores en el turno de cenas, y el coste a que el ayuntamiento deberá hacer frente se acerca a los dos millones de euros”, ha manifestado Alfonso Robledo, presidente de Restauración CAEB.

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En la nota, esta patronal reitera que "a pesar de la contundencia de las sentencias y de la predisposición que el sector ha mostrado en negociar, la posición del ayuntamiento parece ser inamovible y no van a permitir la apertura en horario normal a pesar de que saben que la apelación fallará a favor del sector".

DECISIÓN NO AJUSTADA A DERECHO

Por su parte, Miquel Planas, abogado del despacho Monlex Abogados y que asesora a la Asociación de Restauración CAEB, ha señalado que "el sector de restauración no puede compartir la decisión municipal de mantener en el tiempo una situación que los responsables políticos de Palma saben que no se ajusta a derecho. Ello va a suponer incrementar el coste de las indemnizaciones a abonar por el cierre obligado a las 23 horas durante toda esta temporada turística. Esta decisión tendrá un coste aproximado a los dos millones que ya se han devengado que, lamentablemente, quienes lo terminan pagando somos todos los ciudadanos de Palma”.

Desde el sector aseguran que "se han agotado todas las vías de negociación con el ayuntamiento y que parece que no entienden la razón de la inacción del consistorio, desconociendo incluso si existe algún tipo de desencuentro entre el alcalde, José Hila, y Alberto Jarabo, responsable directo de la decisión de apelar una sentencia que se sabe perdida".

Por ello , concluye la nota que "en aplicación de lo que dispone la Ley, una vez reconocidas las indemnizaciones a abonar por el Ayuntamiento de Palma, se ven obligados a solicitar la responsabilidad personal de técnicos y políticos responsables de las indemnizaciones. Las decisiones las adoptan gente con nombre y apellidos, que, escudados en el Ayuntamiento ven como sus caprichos salen gratis. La Ley prevé esta derivación de responsabilidad, del pago de las indemnizaciones, a los responsables de las decisiones, y estas indemnizaciones las pagarán las que las han adoptado. Hemos de plantarnos y exigir que pague quien decide, quizás así las reflexiones serán más profundas”.

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