Reforma electoral y bloqueo político

Los retos y desafíos que España tiene por delante en los próximos meses requieren de un gobierno fuerte que apueste, decididamente y con altura de miras, por un plan integral de reformas estructurales del sistema.

Hay que elevar el nivel político, porque todo lo demás, aquello del perfil bajo, del inacabable asistencialismo paternalista de las aapp, del intervencionismo electoralista, del cortoplacismo, del relativismo imperante, politiquear por debajo del radar, tacticismo frente a necesidades, etc., está demostrado que acaba por perjudicar a la mayoría de ciudadanos, y, como mejor muestra, acuérdense del déficit de las aapp presentado hace varios días.

Dicho lo cual, la principal cuestión a reformar, de la que derivan la gran mayoría de disfunciones del sistema, es el gran mantra del marco normativo electoral que está en vigor en España.

El bloqueo político e institucional al que estamos asistiendo, sin precedentes en la historia de España, es el resultado de la vulneración constante y repetitiva, hasta ahora a nivel autonómico y local, del espíritu del marco normativo electoral que se diseñó en una época, a principios de la democracia, con una realidad política y social muy distinta a la actual. Como en tantos otros temas, en España no se ha apostado por ir adaptando las normativas a las realidades de los nuevos tiempos, sino que se ha apostado por el inmovilismo hasta que la situación ha explotado y las consecuencias de ello han sido mucho peores que si se hubiera afrontado los problemas en sus inicios y de forma paulatina.

Así, la reforma del sistema electoral debe dar por finiquitada una legislación que ha quedado obsoleta y se ha visto sobrepasada por los acontecimientos en innumerables ocasiones, configurando la actual situación de bloqueo político a nivel nacional, la guinda que culmina el pastel.

La experiencia y la evidencia, nos identifica con un marco normativo electoral que promueve las coaliciones post-electorales, aquellas que no pueden ser validadas por los electores, aquellas que se pactan en los despachos, lejos de los focos y, con el único interés de los partidos actuantes, en detrimento del interés general. Es por ello, por lo que un partido político aun habiendo obtenido el respaldo mayoritario de los ciudadanos, respecto del resultado del resto de formaciones políticas que concurren a los comicios, irá, casi con toda seguridad, a parar a los bancos de la oposición, si no obtiene mayoría absoluta, dado que todos los demás, da igual su ideología, unirán sus escaños para gobernar, siendo la animadversión hacia el mayoritario la única y potente argamasa que les une.

En Baleares somos testigos de cómo, hasta en tres ocasiones, la unión de todas las fuerzas políticas de izquierdas y otros han descabalgado del poder al partido que ha obtenido mayor apoyo social en las urnas. Así, y bajo pretextos insustanciales sostenidos con discursos construidos en base a tópicos y eslóganes mediáticos, con continente, pero sin contenido se ha conseguido que una miscelánea de formaciones políticas, casi todas ellas minoritarias e incluso, algunas de ellas, mini minoritarias, hayan desbancado a las fuerzas políticas mayoritarias.

Los grandes males requieren de grandes remedios, por lo que, mantener en vigor una marco normativo que premia la inestabilidad política, que genera “extraños compañeros de cama”, que crea gobiernos sin unidad de acción con compartimentos estancos y sin objetivos, más allá de la propia superviviencia, que premia la insignificancia electoral y que castiga a la mayoría resulta estruendoso, inaceptable, anacrónico y absurdo en un mundo como en el que vivimos.

Por tanto, la actual situación política en el gobierno del Estado y en muchas otras instituciones deviene de la no actuación política en el pasado y de premiar el tacticismo frente a la evidencia palmaria de que debe gobernar quien más apoyo social concita en los comicios. Ese es el objetivo, ahora bien, ¿cómo se alcanza?.

Evidentemente existen innumerables sistemas electorales a lo largo y ancho del globo, pero los que más se ajustan a nuestra realidad son aquellos en donde las formaciones políticas que obtienen mayor respaldo social son las que ostentan el gobierno, por cuanto, el sistema mayoritario es el que refleja mejor la realidad social de un municipio, de una isla, de una comunidad autónoma o del Estado.
Hay que apostar por un nuevo marco normativo electoral que premie a la mayoría social frente a la minoría, que no permita que un pacto de perdedores desbanque al ganador, y, por consiguiente, el espíritu de la nueva legislación debe auspiciar la “seguridad jurídica” en torno a la máxima del que gana los comicios debe gobernar.