El Consell de Mallorca ha dado un paso valiente al anunciar la reducción del techo de plazas turísticas, que pasará de 430.000 a 412.000. Esta decisión es una buena noticia y va en línea con la demanda social que, desde hace unos años, clama por un modelo turístico más sostenible y respetuoso social y medioambientalmente.
El crecimiento descontrolado del turismo que recurre a la oferta ilegal, ha generado graves problemas que sufre la población residente: saturación de infraestructuras, encarecimiento de la vivienda y una presión excesiva sobre los recursos naturales, especialmente el agua potable. Aunque el turismo es el motor económico de Mallorca y de Baleares en su conjunto, la falta de control y el intrusismo son la principal causa de la pérdida de calidad de vida de la población residente.
Apostar por menos plazas turísticas implica, necesariamente, reorientar el modelo económico hacia la calidad en lugar de la cantidad
Esta reducción del tope de plazas turísticas anunciado por el Consell no es meramente simbólica. Supone una inflexión en la manera de entender el futuro de Mallorca. Apostar por menos plazas turísticas implica, necesariamente, reorientar el modelo económico hacia la calidad en lugar de la cantidad. Significa atraer a un visitante más consciente, que valore la autenticidad, el medioambiente y la cultura local por encima del turismo masificado y de bajo coste.
Además, esta medida envía un mensaje claro: Mallorca quiere recuperar el equilibrio. La isla no puede ni debe sufrir las consecuencias de un turismo desbordado, al margen de la Ley, que pone en peligro su sostenibilidad ecológica y social. Esta decisión es una respuesta adecuada y lógica a la demanda de amplios sectores sociales que reclaman medidas valientes para garantizar que la principal actividad económica, de la que depende el sustento gran parte de la ciudadanía, tiene futuro.
La reducción del techo turístico no solucionará todos los problemas, pero es una señal potente de voluntad política y sensibilidad social. El modelo turístico de Baleares y de Mallorca ha de ser compatible con las necesidades de la población y, sobre todo, sostenible medioambientalmente.
