Durante la apertura del año judicial celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), en el Palau de Can Berga de Palma, el presidente del TSJB, Antoni Terrasa, ha denunciado un año más la elevadísima carga de trabajo que soportan muchos jueces, así como la situación "calamitosa" en que se encuentran algunas dependencias judiciales, singularmente Ciutadella.
Derivado de la saturación de casos que los magistrados deben resolver, ha reconocido que la calidad de las sentencias y decisiones judiciales "indefectiblemente puede debilitarse". Este es un aspecto gravísimo que ninguna fuerza política con responsabilidad de gobierno y competencias en Justicia ha querido solventar nunca. Todo el mundo puede comprender que si la provisión de jueces y magistrados no es la adecuada (en España el número de jueces por habitante es muy inferior a la media de la Unión Europea) y si además no cuentan con las instalaciones y los medios humanos y materiales idóneos, el trabajo no puede desempeñarse con la diligencia y la efectividad que sería deseable.
Las denuncias del presidente del TSJB en cuanto a exigir más jueces, en especial en el orden social, son reiterativas y el Gobierno central no las atiende. De este modo es imposible que la Justicia mejore, por mucho tesón y por mucho esfuerzo que pongan en ello los distintos operadores jurídicos, singularmente jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia.
