Hay un clamor popular en la sociedad que exige a los políticos que presuntamente se han llevado dinero de las arcas públicas que, al margen de las posibles penas de cárcel que decida la justicia, devuelvan lo que han supuestamente han robado. Eso mismo se les debe exigir a los exdirectivos y altos cargos de las cajas, que habiendo recibido dinero del Estado para seguir a flote, y se autoimpusieron indemnizaciones y prejubilaciones millonarias. Desde que comenzó la crisis, 14 gestores de estas entidades financieras se han llevado entre 48 y 52 millones. Un escándalo de proporciones mayúsculas que pone de manifiesto la codicia de estos directivos y la miopía del Banco de España que ha fallado en su misión de supervisar y vigilar. Mientras el proceso judicial se pone en marcha y se dilucidan las posibles responsabilidades penales es necesario y de justicia que se obligue a esos banqueros indeseables a devolver lo que se han llevado.
